Quiero retomar el tema de los celulares y los menores, pero desde otro ángulo. Hasta ahora hemos preguntado qué deben hacer padres y escuelas.
Estados Unidos acaba de poner sobre la mesa otra pregunta: ¿qué responsabilidad tienen las propias empresas tecnológicas?
Meta llegó a un acuerdo con fiscales generales de prácticamente todo Estados Unidos para resolver demandas que acusaban a Facebook e Instagram de utilizar características que podían fomentar un uso compulsivo entre menores.
Meta niega haber actuado ilegalmente y el acuerdo todavía requiere aprobación judicial. Pero lo interesante no son solamente los hasta 18 mil millones de dólares que podría costarle.
Son las nuevas reglas. Para menores de 18 años habrá un límite conjunto de dos horas diarias en Facebook e Instagram, que sólo podrá modificarse con autorización de los padres; bloqueo entre medianoche y seis de la mañana; notificaciones silenciadas durante el horario escolar; recordatorios periódicos para interrumpir el uso continuo; mayores controles parentales y mejores mecanismos de verificación de edad.
Incluso los adolescentes podrán optar por un feed no algorítmico y desactivar la reproducción automática.
Es decir, por primera vez se está atacando no solamente cuánto utilizan los jóvenes las redes, sino cómo están diseñadas para mantenerlos conectados.
Y aquí aparece México. Estas obligaciones aplicarán inicialmente en Estados Unidos. Pero pueden beneficiarnos de tres maneras.
Primero, crean un precedente. Si Meta puede técnicamente limitar horarios, reducir estímulos, modificar algoritmos y fortalecer controles parentales en Estados Unidos, será mucho más difícil argumentar que no puede hacerlo en México.
Segundo, pueden elevar el estándar global. Meta ya está extendiendo algunas protecciones para adolescentes internacionalmente. Y si TikTok, YouTube y otras plataformas adoptan medidas semejantes, podríamos estar ante un cambio en toda la industria.
Y tercero, nos ofrecen evidencia. Durante los próximos años podremos saber si limitar tiempos, silenciar notificaciones, reducir recomendaciones algorítmicas o eliminar determinados estímulos realmente mejora el bienestar de los adolescentes.
Esto es particularmente relevante para México. Una encuesta reciente de Enkoll encontró que 84% de los mexicanos considera inseguro para los menores el uso de internet y redes sociales.
Y mientras nosotros discutimos prohibir celulares en las escuelas, Estados Unidos está interviniendo también del otro lado de la pantalla.
Creo que ésa es la lección. No podemos pedir toda la responsabilidad a un adolescente que compite contra algoritmos diseñados por algunas de las empresas tecnológicas más sofisticadas del mundo.
Pero tampoco podemos delegar todo en las empresas. La responsabilidad debe repartirse entre plataformas, familias, escuelas, gobiernos y los propios jóvenes.
México debería observar este experimento, evaluar sus resultados y preguntarse cuáles de estas protecciones deberían convertirse también aquí en estándares obligatorios para menores. Porque proteger a nuestros hijos en internet no puede ser responsabilidad solamente de nuestros hijos.
También debe ser responsabilidad de quienes diseñan y ganan dinero con las plataformas que consumen.
