El cambio en la Presidencia del INE ha abierto una discusión que va mucho más allá de una persona. La pregunta de fondo es muy sencilla: ¿qué necesitamos para que el árbitro electoral conserve la confianza de los ciudadanos?
Guadalupe Taddei dejó la Presidencia y Blanca Yassahara Cruz García asumió provisionalmente el cargo, por decisión unánime del Consejo General. El Instituto mantiene la organización del proceso electoral rumbo a 2027.
Pero no podemos ignorar que esta transición ocurre en un momento delicado para el INE, después de señalamientos sobre contrataciones y posibles irregularidades que ya están siendo revisados institucionalmente.
Y aquí aparece una declaración que vale la pena escuchar. Ayer, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, pidió que la nueva Presidencia del INE se defina mediante un proceso abierto, transparente, verificable y con criterios objetivos. Y algo todavía más importante: pidió privilegiar experiencia electoral, capacidad técnica y probidad, por encima de cualquier consideración política.
Me parece que ahí está una buena parte de la respuesta. Porque el INE no necesita una Presidencia que represente a un grupo político. Necesita una Presidencia que represente la fortaleza de la institución.
Y el desafío es enorme. En 2027 se renovarán las 500 diputaciones federales y, junto con las elecciones locales, estarán en juego más de 19 mil cargos de elección popular.
Por eso, organizar la elección no será suficiente. El INE tendrá que demostrar que puede tomar decisiones legales, imparciales, consistentes y transparentes. Que las mismas reglas se apliquen a todos. Que la fiscalización no tenga colores. Que las campañas anticipadas sean sancionadas con el mismo criterio. Y que cada decisión polémica pueda explicarse con argumentos técnicos y jurídicos, no con consideraciones políticas.
También hay una señal positiva. La presidenta provisional, Blanca Cruz, ha planteado que el INE debe funcionar con mayor colegialidad, transparencia y apego a la legalidad, y ha señalado que la institución no debe depender de una sola voluntad.
Ese puede ser el camino. Investigar lo que tenga que investigarse. Corregir lo que tenga que corregirse. Y blindar la institución de cualquier interés particular.
Porque la autonomía electoral no significa que el INE esté por encima de la crítica. Significa que debe poder tomar decisiones sin estar subordinado a ningún partido, gobierno, grupo empresarial o poder político.
El objetivo tampoco debe ser construir un INE que le guste a todos. Eso sería imposible. El objetivo es mucho más importante: construir un INE que todos puedan reconocer como profesional, independiente, transparente y confiable.
Porque en una democracia no basta con tener elecciones. Necesitamos que, cuando termine la elección, quienes ganaron y quienes perdieron puedan reconocer que las reglas fueron las mismas para todos.
Ahí estará la verdadera prueba del INE en 2027.
