De acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción, que elabora Transparencia Internacional, a través de una encuesta a 114,000 personas de 107 países, en México el 71% de los entrevistados considera que la corrupción creció en los últimos dos años.
Sólo Argentina nos supera en América Latina. Estamos incluso por encima de Venezuela (65%) país que, nadie podrá poner en duda, experimenta un acelerado proceso de descomposición política e institucional producto de un gobierno autoritario que carece de todo contrapeso.
73% de los mexicanos opina que los funcionarios públicos son extremadamente corruptos.
De acuerdo con la Encuesta de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 de la Secretaría de Gobernación, los mexicanos somos permisivos: 44% considera que “un funcionario puede aprovecharse de su puesto siempre y cuando haga bien las cosas”, 70% opina que somos nosotros quienes permitimos la corrupción.
Estas percepciones disuelven todo sentido de ciudadanía y de responsabilidad con lo público, agudizan la desconfianza en las instituciones y con ello el andamiaje básico de credibilidad social, minando así la calidad de nuestra democracia.
Esta creciente insatisfacción también mundial de los ciudadanos con sus gobiernos está provocando un intenso debate a nivel global sobre cómo lograr la transformación de los poderes públicos a partir de una mayor fiscalización ciudadana. En el 2011 se formó la Alianza para el Gobierno Abierto de la que México fue pionero junto con Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica y Tanzania.
El 24 de septiembre, en el marco de una reunión de las Naciones Unidas, frente a Barack Obama y otros líderes mundiales, México asumió la presidencia de ese organismo en la figura de Enrique Peña Nieto, quien refrendó el compromiso de su administración con la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía.
El Presidente de México afirmó que “los gobiernos abiertos son la nueva frontera de la democracia, son el instrumento más moderno para que los interesados en las cuestiones públicas participen de manera más activa”.
Ahí se comprometió a compartir la experiencia de su reciente reforma constitucional en materia de transparencia, la cual constituye un avance en la medida que obliga a abrir sus cuentas a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos, partidos y sindicatos que reciban recursos públicos; le da autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), establece que sus resoluciones serán de cumplimiento obligatorio e inapelable, y deja al Senado la decisión de quiénes serán sus integrantes.
Hasta aquí parece que vamos bien, pero me preocupan cinco cosas: primero, que la cultura de la transparencia se habrá de topar con la resistencia de los gobernadores y presidentes municipales, absolutamente refractarios a cualquier práctica de fiscalización de lo que hacen, de lo que gastan y de cómo lo hacen; segundo, que no queda claro cómo podremos llamar a cuentas a los sindicatos de las empresas públicas; tercero, que la partidocracia y legisladores son muy resistentes a la mirada ciudadana; cuarto, que el Gobierno Abierto es una herramienta que implica el acceso a tecnologías como Internet de la que están excluidos un importante número de mexicanos, ya sea por analfabetismo digital o, simplemente, porque no cuentan con una computadora y acceso a banda ancha, y quinto, porque sigue faltando un componente sustantivo de este andamiaje que es la Comisión Nacional Anticorrupción, un compromiso de Peña Nieto que sigue varado en el Congreso.
La iniciativa correspondiente fue enviada al Senado en noviembre de 2012 por medio de la bancada del PRI. Han pasado 22 meses y la iniciativa mencionada no ha prosperado.
Para presidir un organismo como la Alianza para el Gobierno Abierto, el gobierno mexicano necesita predicar con el ejemplo. Dicha Comisión sería una muestra de su voluntad para suprimir efectivamente las variables que alientan la corrupción, y un mensaje visible de su capacidad para imponerse sobre poderes fácticos.
Este es el reto. Lo demás son discursos vistosos y escenografías mediáticas. Los mexicanos queremos acciones, no palabras; no mercadotecnia, sí hechos.
