México tiene una buena noticia que merece reconocerse: la pobreza ha disminuido significativamente. Pero surge una pregunta fundamental: ¿cuántos mexicanos han dejado de ser pobres y cuántos tienen condiciones para no volver a serlo?
Para entenderlo, debemos distinguir cómo se mide la pobreza. El Banco Mundial utiliza una línea internacional de 8.30 dólares ($156 pesos) diarios por persona, ajustados por poder adquisitivo, para países de ingreso medio-alto como México. Una cifra cuestionable para asegurar que se ha superado la pobreza.
Con este criterio, estima que la pobreza mexicana disminuyó de aproximadamente 35% en 2018 a 21% en 2024. Sus proyecciones anticipan nuevas reducciones, pero todavía no son resultados observados.
El INEGI, mediante la metodología multidimensional desarrollada por el CONEVAL, considera dos elementos: ingresos y carencias sociales. Primero, determina si el ingreso mensual por persona alcanza para adquirir alimentos y otros bienes y servicios esenciales, utilizando canastas con costos distintos para zonas urbanas y rurales.
Segundo, identifica seis carencias: educación, salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación.
Una persona se considera pobre cuando sus ingresos son insuficientes y presenta al menos una carencia social. Con esta medición, la pobreza disminuyó de 41.9% en 2018 a 29.6% en 2024, pasando de 51.9 a 38.5 millones de personas.
Son avances importantes. Pero existe un problema estructural que amenaza su permanencia: la informalidad laboral.
La Organización Internacional del Trabajo, en su informe de julio de 2026, advierte que la informalidad continúa limitando la productividad, la estabilidad de los ingresos y el acceso a la protección social.
En América Latina, alrededor de la mitad de los trabajadores tiene empleos informales. En México, según el INEGI, 55.1% de las personas ocupadas trabajaba en la informalidad durante el segundo trimestre de 2026. Esto significa que millones de trabajadores enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios médicos, ahorro para el retiro, incapacidades, vacaciones pagadas y otras prestaciones.
La OCDE aporta otro dato revelador: 71.5% de los trabajadores asalariados informales en México declara no recibir ninguna prestación laboral.
Y aunque los ingresos han mejorado, en 2024 todavía 62.7 millones de mexicanos carecían de acceso a seguridad social.
Aquí está el desafío. Una familia puede superar la línea de pobreza gracias a mejores salarios, empleo o apoyos sociales, pero seguir expuesta a perder sus avances ante una enfermedad, un accidente o la pérdida del trabajo.
Por eso, además de mantener los avances en ingresos, necesitamos facilitar la formalización, elevar la productividad, apoyar a las pequeñas empresas y ampliar el acceso efectivo a salud y protección social.
La prosperidad no consiste solamente en ganar más, sino también en vivir con mayor seguridad y oportunidades. Porque el verdadero éxito de una política social no es únicamente ayudar a salir de la pobreza, sino construir las condiciones para no regresar a ella.




















