La estrategia de seguridad del Gobierno federal ha mostrado resultados operativos que sería difícil ignorar. Entre octubre de 2024 y junio de 2026 se reportan 59,582 personas detenidas por delitos de alto impacto, importantes aseguramientos de drogas, armas y laboratorios clandestinos, así como 92 presuntos integrantes de organizaciones criminales trasladados a Estados Unidos.
Estos resultados reflejan una mayor capacidad operativa del Estado. Sin embargo, conforme aumentan las detenciones, surge una pregunta inevitable: ¿está avanzando con la misma intensidad el combate a las estructuras de corrupción que hacen posible la operación del crimen organizado?
Casos recientes relacionados con el mercado ilícito de combustibles recuerdan que actividades como el huachicol difícilmente pueden sostenerse durante años únicamente con la participación de grupos delictivos. Su operación requiere logística, transporte, almacenamiento, distribución, flujos financieros y, eventualmente, la posible participación, protección u omisión de actores públicos y privados. Corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades individuales, pero estos casos evidencian la complejidad de las redes que sostienen estas economías ilícitas.
En ese contexto, otro dato oficial merece atención: poco más de 85 funcionarios y exfuncionarios han sido detenidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La cifra no permite concluir que exista un problema mayor al identificado por las autoridades, ni sería correcto asumir que toda actividad criminal implica corrupción gubernamental. Pero sí plantea una pregunta legítima: si el Estado enfrenta organizaciones capaces de controlar territorios, operar mercados ilícitos multimillonarios e infiltrar gobiernos municipales, ¿las investigaciones sobre las redes de protección institucional y financiera avanzan al mismo ritmo que las acciones contra los operadores criminales?
La experiencia internacional muestra que las organizaciones delictivas rara vez sobreviven únicamente por su capacidad de violencia. También dependen de corrupción, lavado de dinero, empresas fachada, información privilegiada y mecanismos para reducir el riesgo de ser perseguidas. Esas estructuras suelen ser menos visibles y más complejas de investigar, pero son las que permiten que los grupos criminales se regeneren.
Por ello, la siguiente etapa de la estrategia de seguridad debería evaluarse no solo por el número de capturas, sino por su capacidad para desarticular las redes institucionales y financieras que sostienen la actividad criminal.
Las detenciones son un indicador indispensable y los avances operativos merecen reconocimiento. Pero el éxito de largo plazo dependerá de demostrar que la misma determinación con la que se persigue a los delincuentes alcanza también a quienes, desde cualquier ámbito, facilitaron o protegieron su operación. Esa es, quizá, la cifra más importante que aún falta por explicar.
