Se publicaron recientemente los resultados del “15º Estudio sobre los hábitos de los usuarios del Internet en México 2019”, realizado por la Asociación de Internet MX; les comparto algunos de los más relevantes.
Nuestro país alcanza un 71% de penetración entre la población de personas mayores a 6 años. Hay 79.1 millones de mexicanos conectados. Objetivamente no estamos tan mal, considerando que países como Estados Unidos tiene una cobertura de 75% y que el promedio de la Zona del Euro es de 79% (¡Italia tiene 61%!). No obstante, el acceso a Internet sigue siendo un privilegio: la cobertura es de 82% entre los países de ingreso alto y de sólo 34% en los más pobres (Banco Mundial, 2017).
El estudio identifica como barreras de acceso: 58% conexión muy lenta en mi zona/poca oferta; 40% costos elevados, a pesar de que la conexión a Internet se ha abaratado gracias a la competencia abierta por la reforma del sector telecomunicaciones de 2014.
Y esto nos lleva al tema de las recientes declaraciones del Presidente López Obrador, quien ha afirmado que “sólo el 20% de la población está conectada a Internet” (ya vimos que no es así) y que el Estado creará su propia empresa para comunicar a todos los mexicanos.
“Les vamos a decir con mucho respeto a las empresas que han pedido las concesiones y que no han comunicado al país, ‘háganse a un lado’”, ya que “sólo les interesan las grandes ciudades y han dejado en el abandono a las comunidades más pobres y en alta marginación”, señaló durante la gira a un municipio indígena del estado de Nayarit.
Irene Levy, una experta en telecomunicaciones ha criticado esta intención que se ubica en el contexto de un Estado centralizador y “todólogo”, que pretende lo mismo construir aeropuertos y refinerías, que llevar redes wifi gratuitas a todo el país. Como señala la especialista, el Internet no tendría por qué estar en la Sierra Madre o el Desierto de Sonora.
El acceso a este derecho no puede medirse por un criterio de cobertura territorial, sino social, con un claro enfoque a sectores que son prioritarios (niños y jóvenes en edad escolar, grupos indígenas y segmentos en extrema pobreza de zonas rurales y urbanas, por ejemplo).
Por fortuna la pretensión expuesta por el Presidente fue matizada por Salma Jalife, Subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, quien declaró que “combatir la brecha digital no es una tarea que pudiera emprender el gobierno solo, se requiere de la participación de la iniciativa privada”.
Hay grandes empresas, como Telmex, que han invertido miles de millones de pesos para llevar Internet a la población mexicana; a partir de la reforma de 2014 se han sumado nuevos competidores, Axtel, Totalplay, Izzi.
Hay que construir acuerdos con estos inversionistas privados en lugar de amenazarlos, para cumplir con el anhelo del Presidente de disminuir la brecha digital e incorporar a todas las poblaciones desconectadas para impulsar su desarrollo.
Sin embargo, debe quedar claro que no basta con conectarlas, hay que dotarlas de equipos y tecnología. Al respecto habría que considerar, en el marco de los programas de transferencias monetarias que impulsa el actual gobierno, la posibilidad de facilitar el acceso a smartphones a precios preferenciales a personas ubicadas en la base de la pirámide social (de acuerdo con la encuesta que citamos al inicio, el 92% de los internautas prefiere estos dispositivos para navegar en Internet).
Y una vez conectados hay que alfabetizar digitalmente a estas personas para que puedan aprovechar todo el potencial que brinda el Internet, más allá del uso de las redes sociales: educación a distancia, telemedicina, talleres para emprendedores, banca digital, fiscalización de los gobiernos, participación cívica y política, acceso a servicios de gobierno en línea).
Tenemos en el sector académico una enorme reserva de talento para crear contenidos, plataformas y servicios digitales, tecnologías y software, adaptados a nuestro entorno social y nuestros particulares desafíos de inclusión social, productividad y competitividad.
Por supuesto habría que continuar bajando el precio de la conexión, mejorar el ancho de banda y la calidad del servicio, crear áreas públicas de acceso, empezando por escuelas, parques y oficinas públicas (el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 ya contempla esta tarea).
Todo con un solo objetivo: poner la tecnología al servicio del ser humano para que la vida de todos sea más libre y más plena.
