El mundo digital controla lo que sucede en él y en el mismo mundo real. El fenómeno de Internet ha cambiado las maneras de convivencia social, la forma de hacer negocios y comercio, los esquemas y alcances de la cooperación y la colaboración. Ha impulsado de manera dramática la innovación y la disrupción en todos los ámbitos y quehaceres.
También han incubado nuevas y trascedentes temas que nos ocupan y preocupan hoy en día: el uso de la información y de la orientación de las interacciones en el mundo digital, la acumulación de riqueza y poder de las Big tech, el crecimiento del cibercrimen, entre otras.
Como lo hemos apuntado en otras ocasiones, “(los) datos y algoritmos conforman un binomio de control que la técnica impone sobre la humanidad”, como lo asegura José María Lassalle en su libro Ciberleviatán. “Apenas 21 años después del nacimiento de Google, arrecian los debates e inquietudes sobre el peligro del nuevo autoritarismo de las Big tech, que, fuera del control democrático (y legal en ocasiones), pone en riesgo los principios de igualdad, libertad y fraternidad defendidos desde la Revolución Francesa” (https://bit.ly/374P6lC).
Estas preocupaciones se acrecientan ante la aparición de las primeras plataformas de inteligencia artificial para uso abierto. Esta es apenas la punta del iceberg de lo que se ha creado por las grandes empresas tecnológicas.
Frente a esta realidad, ¿qué hacer? Como lo he hecho en otras ocasiones, sugiero crear una Constitución Digital. Esto es, un amplio ordenamiento que contenga los temas más relevantes de la vida digital, garantizando los principios y derechos de los usuarios o “ciudadanos digitales”, limitando y equilibrando el poder de las empresas tecnológicas, distribuya mejor los beneficios, creando instituciones y medidas para evitar daños, desigualdades, engaños y manipulaciones.
Así ha sucedido durante la evolución en la ordenanza de las diferentes regulaciones de los derechos humanos. La primera generación de derechos humanos fue la “Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948. Los derechos de primera generación (derechos civiles y políticos) se fundarían en el valor de la libertad. Los derechos de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales) tendrían como valor típico a la igualdad. Los derechos de tercera generación (justicia, paz y solidaridad), el valor de la solidaridad (bit.ly/3l1uCV6).
Un buen ejemplo de cómo atender la necesidad de regular el mundo digital es la propuesta de Carta de Derechos Digitales de la Unión Europea, que actualmente está en consulta para su aprobación (https://blog.orange.es/noticias/principios-y-derechos-digitales/).
Este documento se articula en seis categorías:
- Prioridad a las personas. Las tecnologías digitales deben servir para proteger los derechos de las personas y la democracia y garantizar que todos los actores digitales actúen con responsabilidad y seguridad.
- Tecnología solidaria e inclusiva. La digitalización nunca debe servir para dividir a las personas. Por ello, debe garantizarse que todos los ciudadanos tengan acceso a internet y a las competencias digitales necesarias para sacarle partido.
- Libertad de elección. La carta de derechos busca asegurar que las personas puedan tener las capacidades y los conocimientos necesarios para desenvolverse en internet y con las tecnologías digitales, incluyendo aquellas que ganen peso en el futuro cercano, como la inteligencia artificial.
- Participación y democracia. El control de los datos personales y la participación en todos los procesos democráticos también deberán estar garantizados por la carta de derechos y principios digitales.
- Seguridad, protección y legado digital. El entorno digital debe ser seguro en todos los sentidos y para todos los usuarios, sin tener en cuenta su edad y lugar de origen. Y deben estar empoderados y protegidos.
- Todos los productos y servicios digitales deberán diseñarse, producirse, utilizarse y eliminarse con el objetivo de minimizar los impactos en el medioambiente y promover la economía circular.
Considero que además de estas seis categorías, deben incorporarse marcos de referencia que determinen y regulen la actividad económica, política y social digital y sus impactos en el mundo real.
Esta discusión no está en la agenda nacional. No atenderla en el corto plazo podría significar costos y pérdida de oportunidades, y traería riesgos difíciles de cuantificar.
