Ante los graves problemas de desigualdad en la distribución del ingreso y de las oportunidades, agravados por el cambio climático que impacta la producción de alimentos, entre otras cosas, y las consecuencias de la pandemia, que afectaron a los más pobres y vulnerables, en el mundo se siguen buscando soluciones para salir de una eminente crisis social y humanitaria.
A ello debemos de sumar las preocupaciones de que en el futuro la automatización del trabajo desplace a una gran cantidad de trabajadores, y continúe concentrando las utilidades en las grandes empresas tecnológicas.
Frente a este complejo panorama, una de las opciones que se ha planteado es buscar un mecanismo para garantizar un mínimo de ingreso digno para las personas y las familias, el denominado Ingreso Básico Universal (IBU).
De acuerdo a Wikipedia, el “IBU, o Renta Básica Universal, busca cubrir a la totalidad de la población con un ingreso garantizado al margen de sus condiciones laborales, económicas o sociales. Un ingreso que permita la supervivencia básica mes a mes, garantizada por el estado.
Es una forma de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un Estado-Nación o región reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones, independientemente de que el ciudadano tenga ingresos recibido de otros lugares”.
Esta propuesta ha sido controvertida, porque puede provocar comportamientos que desincentiven la búsqueda de empleo o la ambición de mejorar la situación de quienes son beneficiarios, además de su inviabilidad financiera por su costo al otorgarse a todos sin discriminar, incluso a quienes no lo necesitan.
Sin embargo, el concepto se sigue debatiendo y revisando. En años recientes se ha propuesta una versión acotada al IBU, que es el caso del Ingreso Básico Garantizado (IBG). A diferencia del IBU, el ingreso garantizado se otorga de forma focalizada a quienes lo necesitan.
En Estados Unidos se han implementado varios pilotos del IBG, como es el caso de Los Ángeles, Pittsburgh y Newark. El más reciente y de mayor alcance es el que se implementará en Chicago. Este piloto es parte del programa Comunidades Resilientes que tendrá un presupuesto de 16,700 millones de dólares (https://bit.ly/3CH69ZX).
La idea es entregar 500 dólares al mes a 5,000 familias durante un año, mismos que serán elegidos bajo un mecanismo de lotería ante la previsible cantidad de solicitudes que se recibirán.
Los beneficiarios de este apoyo tendrán la libertad para gastar libremente el recurso. El Laboratorio de Economía Inclusiva de la Universidad de Chicago será la institución responsable de darle seguimiento al piloto para evaluar sus resultados.
“La pobreza es a menudo un ciclo que atrapa a las personas en una cascada de factores, muchos de ellos fuera de su control. Digamos que tu vehículo se descompone una mañana de camino al trabajo, que estás lejos de cualquier transporte público y que no tienes el dinero para un taxi.
“Te pierdes ese día de trabajo, perdiendo ocho horas de pago, y no puedes recuperar el tiempo durante otro turno porque tienes un niño pequeño que recoger en la guardería a las 5 p.m. Perder un día de trabajo te impide hacer el pago de la guardería, por lo cual suspenden los servicios; y tienes que quedarte en casa con tu hijo al día siguiente y terminas siendo despedido de tu trabajo”. Este es el tipo de situaciones que busca impedir el IBG.
Aunque hay muchas dudas sobre la efectividad y la sustentabilidad financiera de opciones como el IBU o el IBG, lo cierto es que es de las únicas opciones que se han puesto en la mesa para reducir la terrible desigualdad que vivimos. Habrá que estar pendientes de los resultados de estos pilotos, porque es urgente tener soluciones disponibles.
