El mundo digital actualmente está habitado por más de 4,660 millones de internautas, que representan 60% de la población mundial. De esta cantidad, 4,200 millones son usuarios activos de las redes sociales, la mitad del total de la urbe. El tiempo promedio diario que usamos Internet es de 6 horas con 54 minutos, según datos de Hootsuite.

Esta cantidad de personas y de tiempo invertido en Internet permite un inimaginable intercambio de información entre humanos y sistemas. Hoy, el mundo digital es el mayor almacén de información de la historia. No hay espacio donde se compartan tantos datos, de toda índole, y de manera tan abierta y sin reservas. Esta característica del espacio virtual pasó de ser una gran oportunidad a convertirse en un gran riesgo en la actualidad debido al crecimiento del denominado capitalismo de vigilancia.

De acuerdo con Wikipedia, el capitalismo de vigilancia “se refiere a la mercantilización de datos personales, es decir, en la transformación de información personal en una mercancía sujeta a la compraventa con fines de lucro”.

Así, las grandes plataformas tecnológicas tienen acceso libre a nuestros datos personales y de nuestros comportamientos privados, comerciales y sociales. Y a la par han crecido un ecosistema de grandes corporaciones que se dedican a adquirir datos y ordenarlos para su venta en el mercado.

Por ejemplo, la empresa estadunidense Acxiom afirma tener datos de 2,500 millones de personas de todo el mundo que ofrecen en venta al mejor postor. Sus bases de datos contienen 11,000 diferentes atributos de todo tipo. Por su parte, CoreLogic ofrece en el mercado de bienes raíces y propiedades información del 99.9% de la población del vecino del norte (https://bit.ly/2QngfLE).

Este tipo de empresas se dedican a comprar, integrar, clasificar, relacionar y explotar datos que van obteniendo de las bases de datos públicas y de las compras de datos a empresas privadas, con el objetivo de venderlos o explotarlos para fines comerciales.

El problema es que este tipo de nueva industria ha crecido sin regulación y supervisión alguna y se están convirtiendo en un riesgo para la privacidad y los derechos civiles de las personas, pero también para la libre competencia, e incluso para la democracia y la seguridad nacional de los países.

Prácticamente ningún país cuenta con legislación que impida a estos gigantes de datos recopilar, usar y vender información sensible de las personas. Los paquetes de información que se comercializan en el mercado contienen información por edad, género, raza, estado civil, ingresos, patrimonio, deudas, entre otros.

No son pocos los casos de escándalos que han utilizado estos insumos con fines de manipulación pública y electoral.

Pero el problema no queda ahí. Estos datos están también a disposición de diferentes actores nacionales e internacionales que pueden utilizarlos para vulnerar la seguridad de los países, como se ha conocido a través de las acusaciones de las autoridades norteamericanas a los gobiernos de Rusia y China por sus intentos intervención en sus procesos electorales, o incluso para uso de grupos delincuenciales.

Estamos frente a una situación muy peligrosa que es imperioso atender porque los más afectados serán personas más vulnerables por su escasa capacidad de defensa de sus derechos y con mayores riesgos de manipulación. El problema apenas empieza, máxime que los incentivos para las empresas de venta de datos son mayores por las importantes ganancias de este negocio y de las prácticamente nulas restricciones legales para hacerlo.

Nuestro país tiene retrasos importantes en la materia que es urgente atender. El atraso es de tal dimensión que incluso no tenemos un estudio serio que haya identificado y dimensionado el tamaño del riesgo que enfrentamos por los daños potenciales del mal uso de los datos personales. Ojalá que actuemos rápido en este tema. No hacerlo podría traer consecuencias importantes e irreversibles a nuestras libertades, democracia, seguridad y bienestar.

 

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