Hoy en día la tecnología es el medio más importantes para comunicarnos, trabajar, divertirnos y hacer negocios. Para ello, necesitamos una cantidad cada día mayor de dispositivos tecnológicos para lograrlo, entre ellos celulares, computadoras de escritorio y portátiles, tabletas, asistentes virtuales, televisores inteligentes, focos inteligentes. Cada día somos más dependientes de dichos dispositivos. Es un mercado en expansión.

La otra cara de este fenómeno es que dichos dispositivos tienen una vida útil corta y son difíciles o imposibles de reparar. Esta situación ha creado un problema creciente en el mundo: los residuos electrónicos o basura tecnológica, que es altamente contaminante y de difícil manejo.

En 2019, llegamos al récord al generar en el mundo 53.4 millones de toneladas de residuos electrónicos (e-waste, en inglés), 17% más que en 2014. De acuerdo al informe Global E-Waste Monitor, se calcula que en 2030 llegaremos a acumular 74.7 millones de toneladas, el doble en tan solo 16 años (https://bit.ly/38aVAji).

Parte importante de este creciente problema es la existencia de la obsolescencia o muerte programada practicada por parte de los fabricantes que acortan la vida útil de dichos dispositivos o impiden su reparación.

Según Wikipedia, la obsolescencia programada “es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un período calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño del mismo, este se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible por diversos procedimientos. Su función es generar más ingresos debido a compras más frecuentes. El objetivo de la obsolescencia no es crear productos de calidad, sino exclusivamente el lucro económico”.

Esta injusta práctica, que se ha extendido en los últimos años, ha creado una creciente presión sobre los fabricantes para que permitan a los usuarios tener el derecho de reparar sus dispositivos tecnológicos. Algunos países ya han introducido cambios en su legislación para reconocer este derecho.

El Reino Unido, por ejemplo, obliga a la industria a vender piezas de repuesto para el caso de electrodomésticos. La Comisión Europea planea proponer cambios en el mismo sentido para celulares inteligentes, tabletas y computadoras portátiles.

En contraparte, hay una oposición sobre el derecho de reparación de los dispositivos tecnológicos de parte de los gigantes tecnológicos como Amazon, Apple, Microsoft, Tesla, que obtienen importantes ganancias al imponer límites sobre la reparación de celulares y consolas de juegos, aduciendo que la reparación podría afectar la seguridad de los dispositivos y los derechos sobre la tecnología que utilizan.

Los grupos de activistas por el derecho de reparación sostiene que lo mejor para la economía y el medio ambiente es “aumentar la vida útil de sus dispositivos haciendo una solución simple como reemplazar la batería en una computadora portátil o una pantalla rota en un móvil en lugar de comprar un dispositivo completamente nuevo. Pero para muchos de los que están a favor del derecho de reparación, se reduce a un simple hecho: pagaron por el dispositivo y deberían poder hacer lo que quieran con él (https://bbc.in/38aHFd8)”.

Pero, ¿qué es el derecho a reparar? “En lugar de verse obligados a comprar productos completamente nuevos, algunos usuarios quieren poder comprar dispositivos que se puedan actualizar a lo largo de su vida útil. Esto incluiría poder actualizar todos los aspectos del dispositivo, incluida la potencia de procesamiento, la memoria y las baterías. Este concepto se conoce como el derecho a reparar”.

El movimiento del derecho a la reparación exige que todas las empresas proporcionen información de reparación, incluidos manuales o guías que pueden ayudar; productos que se pueden reparar; y piezas que se pueden utilizar para reparar los productos.

Por lo visto, el derecho de reparar nuestros dispositivos tecnológicos traerían beneficios para la economía de los usuarios y al medio ambiente ante la dificultad del manejo del material tecnológico. Es un derecho elemental que nos han arrebatado por codicia las grandes empresas tecnológicas. Son temas que valdría la pena que se discutieran en el congreso mexicano, ¿no creen? A ver cuándo.

 

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