Hace poco más de cien años, el director del Departamento de Agua de Los Ángeles, William Mulholland, introdujo un nuevo concepto en la política del estado de California: la apropiación de los recursos hídricos por parte de la autoridad con fines de beneficio público.
Para afrontar la necesidad de abastecer de agua a un territorio desértico en rápido crecimiento urbano, Mulholland compró poco a poco todos los derechos sobre los recursos hídricos del valle de Owens (más de 300 kilómetros hacia el norte), construyó un acueducto que atravesaba el Desierto de Mojave e hizo llegar el agua hasta la zona céntrica de Los Ángeles.
Esto dio lugar a violentas manifestaciones de protesta. Los ganaderos del valle de Owens intentaron dinamitar el acueducto y el Departamento de Agua de Los Ángeles respondió con un gran despliegue de fuerzas armadas. El trasvase de agua fue la base del posterior desarrollo de Los Ángeles, convertida hoy en la tercera urbe más rica del mundo después de Tokio y Nueva York.
El episodio Mulholland arroja una importante lección en materia de gobernabilidad de recursos hídricos: el agua es poder, es un insumo fundamental para la viabilidad de los centros urbanos que constituyen el eje de la vida social, de la competitividad económica y la generación de prosperidad, y por lo tanto, es necesario garantizar que en esta materia el interés público prevalezca sobre los intereses privados.
No digo, con esto, que el uso de la fuerza debe ser el instrumento para resolver el conflicto que ha desatado la construcción del Acueducto Independencia, pero sí que el interés de más de 800 mil hermosillenses tiene que imponerse sobre cualquier otro.
Los opositores al proyecto han conformado una extraña coalición donde convergen poderosos intereses agroempresariales, grupos indígenas, alcaldes y legisladores priístas, estos últimos más interesados en minar el liderazgo político y la imagen del Gobernador Padrés y evitar que el PAN refrende la gubernatura en 2015.
Mientras esto sucede en Sonora, el pasado 6 de diciembre el Presidente Peña Nieto anunció el arranque del proyecto Monterrey VI que tendrá una inversión de casi $17 mil millones y su objetivo será traer agua a la zona metropolitana regiomontana, a través de un acueducto de 520 kilómetros que transitará por San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas antes de llegar a Nuevo León.
Por otra parte, la CONAGUA ha señalado que se analiza ya la necesidad de buscar nuevas fuentes de abastecimiento para la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, para lo cual ya se realizan estudios en cuatro entidades colindantes.
La Comisión habla también de un ambicioso mega proyecto para llevar agua desde Tabasco y Chiapas, entidades riquísimas en disponibilidad de líquido, hacia el norte del país, que podría representar una inversión de $160 mil millones.
Todos estos proyectos, al igual que el Acueducto Independencia, seguramente generarán tensiones, desacuerdos; pero, en todos, tendrá que prevalecer el interés colectivo, una visión estratégica que tenga claro que el futuro está en las ciudades donde hoy habitan 8 de cada 10 mexicanos y se genera el 80% de la riqueza nacional, y donde el crecimiento demográfico, los nuevos hábitos de consumo, la urbanización y el desarrollo industrial aumentarán la demanda de agua.
No podemos desdeñar el tema de la producción de alimentos, lo que obligará a los agricultores –que hoy utilizan el 77% de toda el agua dulce disponible en el país- a encontrar soluciones al dispendio y la explotación no sostenible del recurso. Según el Pacific Institute, localizado en Oakland, California, considera que se requieren entre 900 a 2,000 litros de agua para producir un kilogramo de trigo. Esta cifra contrasta con los 55,000 litros que requerirá una persona durante su vida.
Sí, el agua implica una lucha de poder, pero también de razón y de prioridades donde el bienestar de las mayorías debe estar por encima de todo.
