Escribo estas líneas cuando todavía no termina la jornada electoral de este domingo 1 de julio. Ha sido una campaña intensa, con momentos álgidos, pronunciamientos críticos de algunos de los candidatos con respecto a la calidad política y moral, la trayectoria y la capacidad de sus contendientes.

Y esto es algo que no debe asustarnos, porque uno de los momentos necesarios de la política es precisamente ese: debate público, contraste de ideas, polémica. Esta energía, esta pasión, son el pan y la sal del espectáculo político. Un proceso electoral sin estos ingredientes sería, sin duda, algo insustancial, contrario a la riqueza argumental que provee la democracia.Sin embargo, una vez concluidos los comicios, una vez que los ciudadanos hayan expresado su decisión en las urnas sobre quién debe conducir los destinos del país, debemos entrar a la lógica del diálogo y los acuerdos.Si se cumplen los escenarios planteados por las encuestas, los ciudadanos habrán elegido una integración plural del poder público, que derivará en la conformación de un gobierno donde no habrá lugar para las decisiones unilaterales. En este contexto, las fuerzas políticas están obligadas a intensificar el diálogo y la acción política para llegar a acuerdos en torno a una agenda nacional prioritaria.Hay al menos tres áreas de esta agenda donde los consensos resultan urgentes.En primer lugar, la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. En este tema hay voces discordantes, desde aquellas que proponen la creación de una policía única y continuar con la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta aquellas que proponen que retornen a sus cuarteles y priorizar componentes de carácter social como el empleo y el combate a la pobreza. Aquí los tiempos son cortos: cualquier señal de confusión o descuerdo generará un espacio de oportunidad para que los cárteles recuperen territorio o, incluso, pretendan expandir su campo de acción con graves riesgos para el país.En segundo lugar, la concreción de las reformas estructurales que el país exige para impulsar el crecimiento económico, alentar sectores estratégicos y fortalecer la competitividad en el mercado global, hablo de las reformas laboral, hacendaria, energética y de telecomunicaciones como componentes centrales de este paquete de reformas.La presentación y procesamiento legislativo de esta cartera de reformas estructurales debe ocurrir al inicio de la próxima administración. De otra manera, no habrá resultados visibles en el corto tiempo que representan los seis años de duración de la gestión presidencial.En tercer lugar, necesitamos consensos básicos urgentes en torno a la política social y el combate a la pobreza. Hoy tenemos una política social estructurada sobre la base de evidencia científica e institucionalidad con padrones de beneficiarios de carácter público, una normatividad sólida, evaluaciones, transparencia y rendición de cuentas.Desmantelar el esfuerzo social de las dos últimas administraciones con el único propósito de mandar una “señal de cambio”, tendría graves costos para el país, traduciéndose en un enorme desperdicio de recursos fiscales, experiencia y construcción institucional. El reto próximo será sentar las bases de una política social de estado con visión de largo plazo.Este país no soporta más desacuerdos y los mexicanos hemos acudido a esta elección de 2012 esperanzados en la posibilidad de un nuevo tiempo que haga de la política un lugar de encuentro, de civilidad y de generación de soluciones a los temas que a todos nos preocupan. Es la hora de responder a esta expectativa ciudadana.Espero sus comentarios.