The Economist fue contundente: el Presidente “empezó con el pie izquierdo”. El influyente semanario británico se refiere a las medidas anunciadas para prevenir actos de corrupción y evitar los conflictos de interés de funcionarios federales, y solicitar al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que investigue sus propiedades, las de su esposa y las del Secretario de Hacienda.
Sin embargo, Peña Nieto emitió anticipadamente su propio veredicto sobre la investigación solicitada. Cito: “No obstante de que en todo momento mi actuar se ha apegado al marco jurídico vigente, en meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi gobierno… algo que, en realidad, no ocurrió”. La Función Pública no ha iniciado con la indagación de los hechos, pero el Presidente ya falló: “Soy inocente”.
Parece difícil pensar que el nuevo Secretario, Virgilio Andrade, pueda ir en contra de su propio jefe, de quien lo ha designado para formar parte del gabinete. Andrade, además, está sujeto a sospecha de parcialidad ya que en algún momento formó parte de la “cuota” del PRI en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Hay más: en la Ley de Administración Pública Federal esa Secretaría ya no existe como parte del Ejecutivo federal, por lo que es necesario regularizar su situación para conferirle plena validez legal para que pueda actuar; es necesario, en pocas palabras, “revivirla”.
Para apoyar sus propuestas, entre las que destacan la obligación de los servidores públicos de presentar una declaración sobre posibles conflictos de interés y la creación de una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés dentro de la SFP, el Presidente citó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia Internacional, donde México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100. A ello hay que sumarle la inquietud que prevalece entre los mexicanos, donde 78% piensa que va a aumentar la corrupción para 2015, y 65% reprueba la manera en que se combate este fenómeno (Reforma, diciembre 2014). Este gobierno está dañado en su línea de flotación: la confianza de la sociedad.
El combate a la corrupción ya no es un tema de imagen pública: es un asunto de gobernabilidad, de legitimidad. Las medidas que anunció Peña Nieto si bien son positivas, no bastan ante la profundidad de la crisis política que enfrenta su administración. “No entiende que no entiende” que la corrupción es enemiga del proyecto de modernización implícito en sus reformas estructurales, no comprende que abordar de lleno la lucha contra este fenómeno es la única vía no sólo para recuperar el liderazgo, la capacidad de interlocución con los ciudadanos y los actores políticos, sino para rescatar su sexenio.
México ya cambió: somos un país con una prensa libre, con una sociedad civil vigilante del poder público, con un Congreso plural, con un entramado institucional y legal donde las autoridades están obligadas a reportar qué hacen con los impuestos de los ciudadanos.
Al Presidente le queda una ventana de oportunidad: la creación de la Fiscalía y del Sistema Nacional Anticorrupción, que debe tener atribuciones para auscultar no sólo a la Administración Pública Federal, sino también a los gobernadores y los presidentes municipales, al poder legislativo y al olvidado poder judicial, a la partidocracia, y contar con una amplia participación de la sociedad civil y del Congreso.
El país no soporta más corrupción.
Destaca la propuesta de Transparencia Mexicana y del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de solicitar a los candidatos que hagan pública tres declaraciones: la patromonial, la fiscal y la de intereses. Además lanzaron el portal www.legilsladortransparente.mx. Una iniciativa de gran valor y oportunidad, si la apoyamos y la exigimos los ciudadanos.
De no actuar con firmeza, lo que sigue es el incremento de la irritación social y el desconocimiento institucional. Y lo que queremos la inmensa mayoría de los mexicanos es un gobierno que funcione bajo las reglas de la transparencia y la democracia, y sea capaz de abordar con eficacia la solución de los grandes problemas nacionales.
