Óscar murió a los 52 años por insuficiencia renal crónica debido a la diabetes mellitus que le diagnosticaron hace 10 años. Un fallecimiento a una edad muy temprana ya que la esperanza de vida en México es de casi 75 años.
Óscar era taxista y estaba afiliado al Seguro Popular, pero éste no incorpora en su cuadro de tratamientos la diálisis y la hemodiálisis –vitales para prolongar la vida de estos pacientes- debido a que ello tendría un costo de $10 mil 700 millones anuales, lo que obligaría a este organismo a dejar fuera a los enfermos de cáncer, de VIH y no podría cubrir trasplantes de médula y otros padecimientos.
Uno de cada 10 adultos en México son diabéticos. Entre 2000 y 2012 hubo 881 mil defunciones por esta causa, muchas pudieron evitarse de existir políticas preventivas efectivas contra el sobrepeso y la obesidad que afectan a 7 de cada 10 adultos y a 34% de los niños de 5 a 11 años, así como un mayor acceso a tratamientos renales como el que Óscar necesitaba.
Me he detenido en el tema de la diabetes para ilustrar la crisis por la que atraviesa la salud en este país, un derecho constitucional de acuerdo con el artículo 4º de la Constitución que está sólo en el papel para muchos mexicanos.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reporta que a pesar de los importantes avances en la ampliación de los servicios de salud entre 2000 y 2012, este último año 25.3 millones de mexicanos no contaba con afiliación, adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución.
Los 99.4 millones de mexicanos que sí tenían acceso, se concentraban en su gran mayoría en tres grandes instituciones: 47.8 millones en el Seguro Popular, 37.6 millones en el IMSS y 6.8 millones en el ISSSTE, la primera ofreciendo un servicio muy deficiente a los más pobres, y las dos últimas -pilar de la seguridad social del país- inmersas en un grave desafío de viabilidad financiera.
El Seguro Social está enfermo, en quiebra técnica desde hace tiempo y trabaja con un creciente déficit, y se prevé que para 2016 se agotarán los fondos previsionales. Arrastra un pasivo laboral que se estima en $1.9 billones, en el que incidió un régimen de pensiones y jubilaciones irracional; hasta antes de la reforma de 1997 sus trabajadores se retiraban con el 120% de su salario. El ISSSTE se encuentra también al filo de la navaja.
El deterioro de la calidad de los servicios en ambas instituciones es cada vez más evidente en perjuicio de sus derechohabientes: tiempos de espera cada vez más prolongados para una consulta, la realización de estudios médicos o la práctica de una cirugía, déficit de infraestructura, médicos y enfermeras, desabasto de medicamentos, etc.
Sin embargo, esta es una realidad que se repite en casi todos los hospitales públicos del país.
Las consecuencias de este desastre sanitario están a la vista: cada año mueren en promedio 70 mil personas de cáncer (tan sólo por cáncer de mama y de cérvix fallecen cada año casi 9 mil mujeres). 50% de estas muertes pudieron haberse evitado con medidas preventivas de bajo costo. Me pregunto dónde están las prioridades.
En México fallecen cada año mil 200 mujeres durante el parto o a consecuencia de él. En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, México se había comprometido a alcanzar una tasa de 22 decesos por cada 100 mil nacidos vivos en el año 2015; sin embargo, el promedio nacional es de 42.3 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, y en Guerrero la tasa es de 91 decesos, más del doble. La pobreza mata. En contraste, la tasa es de 4 en Suecia, 6 en España, 5 en Japón. México tiene la tasa de mortalidad materna más alta de la OCDE.
Mientras tanto resurgen en México enfermedades asociadas a la pobreza, como el dengue, donde nuestro país mantiene el primer lugar en América Latina, y ahora también repunta la tuberculosis que va de la mano con la diabetes.
En el 2012 el gasto total en salud en México representó el 6.2% del PIB, el más bajo de los países de la OCDE, muy por debajo del promedio de los países de la organización que es de 9.3%. Falta mucho por hacer.
La salud es una de las capacidades más importantes de las personas, impulsa la productividad y el crecimiento económico, es un derecho humano.
Los recursos públicos que se focalizan a este rubro no son un gasto, son una inversión en prosperidad, en bienestar social, en ciudadanía, en democracia, y mientras no logremos mejorar la cobertura y calidad de la salud no podremos alcanzar nuestro propósito de hacer de México un lugar mejor para vivir.
