1) La crisis de Guerrero ocurre en un marco de descomposición política y gubernativa a nivel regional frente a ciudadanos que miran impotentes cómo se expande el control territorial de los grupos delictivos y, con ello, los niveles de inseguridad en sus comunidades.
La apuesta del gobierno de Peña Nieto fue clara: cambiar las coordenadas del discurso, sacar el tema de la violencia para exaltar la imagen de un “México triunfador”, libre de ataduras para lograr un crecimiento económico sólido y sostenido y superar sus ancestrales rezagos sociales. Hoy se enfrenta a la dura realidad y la complejidad para rehacer el tejido social, político y gubernativo en las regiones más conflictivas.
2) La solicitud de licencia de Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura de Guerrero sólo despresuriza temporalmente el conflicto, pero la irritación social crece y se radicaliza. Guerrero está viviendo ya una nueva ola de violencia al conmemorarse un mes de los terribles hechos de Iguala.
El PRD, la cúpula controlada por “Los Chuchos”, respaldó a su gobernador hasta el final, sin embargo la crisis no les dejó otra opción que remover a Aguirre Rivero. Su salida abre un nuevo frente de confrontación entre las distintas corrientes perredistas, y le brinda a los partidos opositores –PAN y PRI-, argumentos para criticar y desgastar al PRD por su falta de oficio para gobernar y la porosidad de sus autoridades a la corrupción y el crimen organizado. La partidocracia hace cálculos políticos con miras a la elección del próximo año, mientras la gobernabilidad y la seguridad se desploman en Guerrero.
3) El tema ya se mediatizó con las protestas que tuvieron lugar el pasado miércoles en varios países, y se convirtió en foco rojo a partir de la gran manifestación en la Ciudad de México que congregó a 50 mil personas, principalmente estudiantes, cuyas expresiones son cada vez más lejanas a toda legalidad y civilidad al bloquear vialidades primarias de la capital del país afectando a millones de habitantes. Estamos ante una muestra palpable de nuestro enorme déficit de ciudadanía y del triunfo de la impunidad.
4) Cualquier desenlace para el gobierno de Peña Nieto será indudablemente desastroso, incluido el hallazgo de los 43 normalistas, seguramente ejecutados por el crimen organizado, lo cual habrá de potenciar la indignación social.
5) Este caso revela una gran fragilidad de los sistemas de inteligencia política del Estado mexicano, de su incapacidad para detectar fuentes potenciales de desafío a la seguridad nacional, como las que se estaban gestando en el estado de Guerrero. Ni el Cisen, ni la PGR, ni los sofisticados aparatos de investigación del Ejército y la Marina, pudieron prever por dónde venía el siguiente golpe.
6) La condena de uno de los organismos más influyentes en la escena mundial, el Parlamento Europeo, a los hechos de Iguala constituye un golpe a la imagen internacional del gobierno de Peña Nieto. De los elogios al proyecto reformista pasamos al día siguiente a la percepción de un país con problemas de inseguridad donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, lo cual tendrá consecuencias negativas en las decisiones de inversión de muchas empresas que veían al país como un destino confiable.
7) Y el gran tema de fondo que nos acaba de revelar el periodista Héctor de Mauleón (El Universal, 23 de octubre): México se ha transformado en el principal proveedor de opio a los Estados Unidos –un mercado con un valor potencial de 17 mil millones de dólares-, Guerrero produce el 98% de la amapola a nivel nacional e Iguala es el centro donde se acopia la goma de opio y de ahí se empaqueta para ser enviada hacia la frontera norte.
Hoy se especula sobre la emergencia de una narco-guerrilla en Guerrero, el llamado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el ERPI, con influencia en la Normal de Ayotzinapa, de donde procede uno de los líderes históricos de los movimientos armados, el maestro rural Genaro Vázquez Rojas.
Una línea de investigación sobre la brutal represión contra los jóvenes normalistas debe estar vinculada, necesariamente, con la lucha por el control de la producción y el trasiego de drogas con Iguala como escenario. Culpar al mafioso alcalde de ese municipio y a su esposa, como lo ha hecho la PGR, es la vía más fácil para satisfacer la demanda de esclarecimiento de los hechos, pero el asunto es mucho más complejo. Los mexicanos queremos la verdad.
