El PRI y el presidente Peña Nieto arrancaron esta administración tratando de demostrar las ventajas de su vasta experiencia política. En medio de una enorme expectativa social, el mensaje clave que trataron de difundir a través de una sofisticada estrategia de comunicación política y de acciones audaces desde la cúpula del poder presidencial fue: nosotros sí sabemos gobernar, articular acuerdos en la pluralidad, recuperar la seguridad y destrabar los cambios estructurales que México necesita para hacer crecer la economía.
Hoy, el discurso oficial se enfrenta a la necia realidad. La eficacia del Pacto por México parece estar llegando a un punto límite. Las posibilidades de éxito de la agenda de Peña Nieto se pondrán a prueba en el marco del periodo ordinario de sesiones del Congreso mexicano, que inició precisamente el día de ayer.
Los temas que entrarán a discusión son verdaderamente críticos: la Ley del Servicio Profesional Docente (que está en el centro de las protestas de la CNTE), las reformas energética y hacendaria (que serán el eje de un intenso conflicto con el PRD y los sectores extremistas aglutinados a Morena y López Obrador) y la política (donde PRD y PAN quieren ir a fondo con la aprobación de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales). Estarán en la mesa, también, las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones, las reformas al IFAI y el paquete económico 2014. Casi nada.
Del rumbo que tomen estos procesos legislativos dependerá el margen de maniobra del gobierno federal en el resto del sexenio. Este nuevo periodo parlamentario será el que defina si el Pacto por México era una agenda para la transformación de México o una mera estrategia política-electoral del gobierno y de los partidos.
Paulatinamente, tenía que suceder tarde o temprano, el Poder Legislativo está recuperando su liderazgo y su carácter de espacio democrático legítimo para el procesamiento de los temas de interés nacional.
Los escenarios son complicados. Ante la creciente oposición del PRD presionado por sus sectores “duros” y sus tentaciones populistas, el gobierno no tendría otra opción que “suavizar” el alcance de las reformas energética y hacendaria para seguir contando con su apoyo. Esto equivaldría prácticamente a dejar las cosas como están, o bien, ir por la ruta que señalan algunos analistas, que no es otra que construir con el PAN las mayorías legislativas que le permitan lograr la aprobación de dichas reformas.
El PAN buscará, en este escenario, capitalizar su respaldo a la agenda reformista de Peña Nieto con la exigencia de respeto a sus espacios de poder en los comicios estatales por venir y en las decisivas elecciones intermedias de 2015 que definirán la integración de la Cámara de Diputados a nivel federal para la segunda parte de la administración, así como en las decisiones presupuestales.
Todo esto sucede en un contexto donde algunas voces hablan de una creciente crisis de gobernabilidad. Grupos del crimen organizado y policías comunitarias que controlan territorios cada vez más amplios, una protesta magisterial que ha rebasado todos los cauces democráticos y que raya en el desafío al Estado de derecho, una economía que no camina y que está entrando a una franca fase recesiva.
En medio de todo, un Presidente que, de acuerdo con las encuestas (Buendía y Laredo, agosto) pierde legitimidad ante la opinión pública. De febrero a agosto de 2013 el porcentaje de la población que considera que va por buen camino cayó del 44% al 38%. Solo 1% valora positivamente a la Cruzada contra el Hambre, el programa social emblemático de este sexenio. 45% no sabe qué ha hecho bien esta administración federal.
Es la hora de demostrar de qué está hecho este gobierno, cuáles son sus habilidades reales para la negociación y su fuerza política para procesar el conflicto y sacar adelante su agenda. Ahí se está jugando su futuro.
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