El conflicto entre la empresa MVS y el Gobierno Federal por la banda de 2.5 GHz, más allá del tema político y el debate por la concentración monopólica del sector de telecomunicaciones, guarda un enorme interés para aquellos que hemos abogado por el acceso universal al Internet en México como un derecho humano, tal y como lo establecido el año pasado la Organización de Naciones Unidas.
El Internet es una herramienta fundamental que tenemos que ofrecerle al conjunto de la población para liberar toda una serie de beneficios: el acceso a la educación digital y al conocimiento para mejorar el capital humano, la construcción de redes ciudadanas que favorecen la democracia y la participación social en la rendición de cuentas y en los servicios de gobierno, por sólo mencionar algunos.
La banda de 2.5 GHz es un medio idóneo para prestar servicios móviles de Internet de banda ancha conocidos como de cuarta generación o “4G”.
Los beneficios directos de una explotación intensiva de esta banda serían para los usuarios finales de las telecomunicaciones. Se brindaría mayor eficiencia a las conexiones de Internet de banda ancha móvil (BAM) en ciudades que presentan condiciones extremas de saturación del servicio por el exceso de conexiones, así como a las comunidades remotas. Dicho de otra manera, permitiria una mejora y una mayor cobertura del servicio.
El argumento fundamental del gobierno mexicano (para rescatar la banda de 2.5 GHz) con el propósito de licitarla nuevamente, es que la empresa MVS la subutilizaba. De acuerdo con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome “esta banda es como una autopista de altas especificaciones de la que en México estamos usando apenas el acotamiento”.
México sigue teniendo un enorme rezago. Es uno de los países con menor acceso a la BAM entre los miembros de la OCDE. En México existen sólo 7.7 usuarios por cada 100 habitantes, Chile tiene 17.4; Japón 82.4; Suecia 98; Corea 100.6. Incluso Turquía, un país mucho menos avanzado que México, tiene 8.9 usuarios de BAM por cada 100 habitantes.
La decisión del gobierno mexicano representa una gran oportunidad para ofrecer servicios de BAM a nivel nacional a precios mucho más competitivos, porque el precio promedio actual por el acceso a esta banda en México es de 41 dólares mensuales de acuerdo con la OCDE, excesivamente alto si tomamos en cuenta el ingreso promedio de la población.
La BAM representa la única posibilidad de entrar al Internet para millones de personas que habitan en comunidades rurales lejanas y para miles de usuarios en las zonas urbanas que no cuentan con conexión a través de redes de fibra óptica en sus hogares, escuelas o espacios públicos.
Pienso en lo que el acceso a esta tecnología representaría para una mujer en la Selva de Chiapas que busca una consulta médica a distancia, para un emprendedor de la Montaña de Guerrero que busca mercados para sus productos; para un niño o un joven de una comunidad del sur de Sonora que requiere consultar una biblioteca virtual para mejorar su rendimiento escolar; o para un ciudadano que exige conocer qué hacen sus autoridades.
Hay enormes intereses económicos en juego, porque la última valuación de la SHCP indica que el precio de esta banda es de alrededor de $27 mil millones.
La expectativa es que detrás de esta decisión del Gobierno Mexicano exista una visión verdaderamente social y no una visión estrictamente mercantil. El rescate de la banda de 2.5 GHz debe servir para romper la brecha digital y darle a millones de mexicanos ese anhelado acceso a la tecnología que hoy es parte esencial del ejercicio de una verdadera ciudadanía en la sociedad de la información y del conocimiento.
