La Ley Seca en México, que prohíbe temporalmente la venta y, en ocasiones, el consumo de alcohol durante elecciones, en eventos masivos o emergencias, busca preservar el orden público. Sin embargo, su pertinencia es cada vez más cuestionada debido a su efectividad limitada, efectos económicos adversos y dilemas éticos.
Aunque la intención principal es reducir la violencia y los accidentes, su impacto real es debatible. Si bien las autoridades han reportado una disminución del 22% en incidentes violentos durante eventos con Ley Seca, estudios independientes sugieren que estos resultados responden más al aumento de la presencia policial que a la prohibición del alcohol.
Además, la Ley Seca no elimina el consumo, sino que lo traslada a espacios privados o clandestinos. El IMSS reportó un incremento del 10% en hospitalizaciones por intoxicación etílica en los días previos a la prohibición, lo que indica un patrón de consumo anticipado y excesivo. A esto se suma el crecimiento del mercado negro: la COFEPRIS decomisó 20% más alcohol ilegal en 2024, asociado a más de 1,500 casos graves de intoxicación por bebidas adulteradas.
La medida también genera pérdidas económicas significativas. La CANIRAC reportó una caída del 35% en ingresos durante las jornadas electorales recientes, afectando tanto a empleados formales como a trabajadores informales del sector restaurantero. En destinos turísticos como Cancún, la ocupación hotelera se redujo en un 12% durante eventos con restricciones (SECTUR, 2025).
A diferencia de otras medidas extraordinarias, la Ley Seca no contempla mecanismos de compensación para los negocios afectados, lo que ha generado inconformidad en un sector que ya enfrenta presiones por inflación y altos costos operativos. Además, desincentiva el turismo internacional: visitantes en Los Cabos y Puerto Vallarta se quejaron públicamente en redes sociales, calificando la medida de restrictiva y arbitraria.
Desde el punto de vista de las libertades individuales, la Ley Seca es vista como una medida paternalista. Organizaciones civiles como el Colectivo por la Libertad han señalado que limita la autonomía de las personas sin suficiente justificación. Una encuesta en X reveló que el 65% de los usuarios considera esta prohibición una intromisión innecesaria en la vida privada.
Además, su aplicación tiene un sesgo regresivo: los sectores de bajos ingresos, que dependen de la venta de alcohol en tianguis o pequeñas tiendas, son los más afectados, mientras que consumidores con mayores recursos pueden anticiparse comprando con antelación o accediendo al mercado clandestino. En contextos culturales, la medida también genera tensiones. En festividades como el Día de Muertos, donde el alcohol tiene un rol ceremonial —especialmente en comunidades indígenas—, la imposición de la Ley Seca puede percibirse como un agravio a la identidad local.
La evidencia apunta a que existen estrategias más eficaces y menos invasivas. En Querétaro, por ejemplo, el refuerzo de la seguridad durante las elecciones de 2024 permitió mantener el orden sin recurrir a la prohibición. En Jalisco, campañas educativas sobre consumo responsable redujeron en 15% los accidentes relacionados con el alcohol en 2024.
En este contexto, la validez de la Ley Seca como política pública se debilita. Sus beneficios son limitados, sus costos elevados y sus implicaciones sociales profundas. Es momento de replantear esta medida a favor de soluciones más equitativas, eficaces y respetuosas de las libertades ciudadanas.
