Está claro para todos, las terribles consecuencias provocadas por la pandemia del covid-19 en el mundo entero. Nos han costado más de 100 millones de personas contagiadas, 2.3 millones de muertes, el freno de la economía y de la cotidianidad. Los daños se siguen cuantificando, porque después de nueve meses de horror, los efectos del coronavirus siguen.
Los expertos aseguran que su impacto disminuirá hasta que se logre la llamada inmunidad de “rebaño”, y ello no parece ser fácil de lograr y menos saber cuándo sucederá con certidumbre. Tendrán que darse la vacunación de 70% de la población a nivel país y mundial, lo cual está sujeto a la producción, adquisición, distribución y aplicación de las dosis. Los más optimistas hablan de que estaremos acercándonos a la meta a principios de 2022.
En nuestro país, la historia está más complicada. Tras el anuncio del Programa Nacional de Vacunación del gobierno federal que inició en diciembre y que abarcaba 15 meses, hemos ya recibido noticias de su atraso y modificaciones, muchas críticas y dudas de su viabilidad. Hay mensajes encontrados respecto a la información de las compras gubernamentales de vacunas y de cuándo serán recibidas de parte de los laboratorios productores y aplicadas.
Además, existen fuertes críticas, como el caso de la vacunación del personal de apoyo de las cuadrillas de vacunación, los denominados “siervos de la nación” que operan los programas sociales. Ello, por lo menos, despierta sospechas en un proceso electoral limitado en la operación política por la pandemia.
También causa controversia decisiones de inesperadas, como la de vacunar a 20 mil docentes en el estado de Campeche para reiniciar clases presenciales, en un estado que ha pasado del semáforo epidemiológico de verde a amarillo, lo que no cumple con la condición establecida por la SEP.
Todo ello configura un escenario que nos extiende los tiempos para reabrir actividades económicas, y con ello empezar a recuperar el empleo y el ingreso de las familias mexicanas.
Esta semana, el INEGI anunció que el PIB cayó 8.5% en 2020, la mayor caída en décadas. Una cifra que se suma a una disminución de 0.1% en 2019. Aunado con la caída de la economía, se suma la pérdida de 716,665 empleos formales, de acuerdo a los datos revelados por el IMSS. Además, al menos 391,414 empresas han cerrado sus operaciones por la crisis, de acuerdo al INEGI. A la pandemia sanitaria, debemos agregarle ya la pandemia económica.
Lo anterior configura un duro escenario para nuestro país. Pero es imperativo reconocer que la crisis no ha impactado igual a todos los sectores y estratos sociales de nuestro país, marcado por la desigualdades y la falta de cobertura social para los más desprotegidos. Este daño diferenciado es una creciente preocupación ante las limitadas respuestas de parte del gobierno federal, lo cual puede provocar un mayor crecimiento y deterioro de la población en pobreza y marginación.
Recientemente la CEPAL publicó un informe sobre los efectos de la crisis por el covid-19 en la región y concluye que México será unos de los países con mayores tasas de crecimiento de la pobreza. Anticipa que la pobreza crecerá 7.1%, lo que significa que la población en esta situación pasará de 41.9% al 49.5%. En materia de pobreza extrema, la Comisión pronostica un crecimiento de 6.3%, lo cual significará que el total de la población en esta situación pasará de 11.1% a 17.4%.
Con estos datos, en México crecería la población en pobreza y pobreza extrema de 53% a 66.9% en 2020. Una situaciónmuy compleja que por lo menos refleja un retroceso de dos décadas en los avances obtenidos en materia de desarrollo social.
Frente a este terrible panorama, preocupa la limitada respuesta de las autoridades para proteger a los más vulnerables, mismos que seguramente están padeciendo mayores retrocesos en el acceso a la salud, la alimentación y la educación. Y en materia de ingreso está clara su afectación. De acuerdo con el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza y la Pobreza Labor al del CONEVAL, el ingreso laboral tuvo una disminución de 12.3% entre el primer y tercer trimestre de 2020.
Aunque los márgenes presupuestales son estrechos y las necesidades muchas, algo tenemos que hacer para apoyar a las personas en pobreza y marginación, más un gobierno que se autodefine de izquierda, progresista y con clara vocación social. De no actuar con oportunidad y con suficiencia pronto podremos estar pasando de una pandemia sanitaria y económica a una peligrosa pandemia social.
