Hace mucho que no veíamos al sector empresarial mexicano tan unido en torno a una causa, en este caso para expresar su abierto rechazo a la decisión del gobierno federal de cancelar los permisos para la construcción de la planta de la cervecera Constellation Brands (CB) en Mexicali, Baja California. 
El presidente López Obrador ya había anunciado que se realizaría una “consulta popular” para decidir la continuación o no de una obra que había cumplido oportunamente con todos y cada uno de los permisos y obligaciones que solicitó el gobierno.
La misma se llevó a cabo los días 22 y 23 de marzo y contó con la participación de menos del 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral municipal.
Asistieron a las urnas 28 mil personas, el 76% de las cuales votó en contra de la continuación de la obra.
Todos los organismos privados coincidieron en la condena a la consulta, como un “ejercicio fuera de la ley”, “no confiable ni representativo”, caracterizado, según sus voces, por desinformación, acarreo, presiones indebidas a los participantes, sin criterios para la instalación de mesas, sin supervisión, etc.
“Se desoyó la orden de suspensión de la consulta por parte de un juez, poniendo así en peligro la salud de la población debido a la emergencia sanitaria”.
“Este tipo de consultas populares no pueden servir para tomar decisiones técnicamente complejas”; “no se empodera a los ciudadanos, se empodera al Presidente”.
Los señalamientos del Consejo Coordinador Empresarial, uno de los organismos patronales más conciliadores y empáticos con la 4T, dan cuenta del nivel de indignación e irritación de los hombres de negocios: “este es un error completo”, “se violan las reglas de la democracia”, “el gobierno federal está empeñado en destruir la posibilidad de generar confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros”.
La Coparmex fue todavía más severa: “AMLO tendió una emboscada en contra de CB”.
La de CB era la inversión privada más grande en la historia de Mexicali, 1,500 millones de dólares de los cuales se habían aplicado ya 900 millones, el 60% del total.
La pregunta es ¿por qué el gobierno federal dejó que avanzara tanto la obra, por qué no la canceló en febrero o marzo de 2019 sino hasta ahora cuando el perjuicio económico para la empresa es mayúsculo?
Se dejarán de generar 32,300 empleos directos e indirectos que hacían muchísima falta en una región fronteriza azotada por la inseguridad, la pobreza urbana y la fractura del tejido social.
Pero más allá del impacto económico y laboral, hay consecuencias negativas importantes para la imagen de este gobierno.
Financial Times ya lo dijo: “se trata de un duro golpe a la confianza”, “la competencia global por la inversión necesaria para reactivar las economías después de la pandemia, será intensa, y México estará en desventaja si continúa generando incertidumbre y no respetando el marco legal”.
Los argumentos oficiales para tirar la obra de CB, no se sostienen. CB apenas usaría el 0.2% del líquido disponible en el municipio de Mexicali, esto de acuerdo a un estudio de 2018 del mismo gobierno federal, realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), un organismo dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El mismo documento establece que la disponibilidad de agua para Mexicali estaría garantizada incluso en escenarios de escasez alta del líquido.
Llama la atención lo señalado por el Presidente: “No es crecer por crecer, es crecer con bienestar y con respeto al medio ambiente”, como si construir una refinería (Dos Bocas) en plena transición global hacia energías limpias y renovables, y construir un Tren Maya destruyendo una vasta zona de selva tropical, fueran decisiones congruentes con una visión de sustentabilidad.
Ante un escenario de crisis México necesita más inversión privada que nunca, sin embargo, este gobierno parece más bien empeñado en ahuyentarla. Preocupante situación.
