La creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2005, por un mandato de ley, significó un importante avance en la construcción de políticas públicas de combate a la pobreza más sólidas y sostenibles.
A finales de los años setenta se iniciaron los primeros esfuerzos sistemáticos para combatir la pobreza en México; sin embargo, no fue sino hasta la primera década de este siglo que pudimos contar con datos precisos que nos permitieran calibrar los avances y los pendientes en la tarea de mejorar los niveles de bienestar de los ciudadanos.
La medición de la pobreza no surgió de la mera curiosidad académica o como una derivación natural de los avances en la calidad de la información socioeconómica disponible. Surgió como una consecuencia del cambio democrático del año 2000 (véase “Números que mueven al mundo” del Dr. Miguel Székey Pardo, 2005).
Antes de la alternancia política la pobreza no se medía por una simple razón: las políticas sociales se implementaban en medio de un sistema político dominado por un solo partido y carente de contrapesos por lo que no había necesidad de rendir cuentas a nadie.
Los presupuestos se utilizaban de forma discrecional, los programas se implementaban desde cúpulas burocráticas absolutamente refractarias a la mirada pública. Cientos de miles de millones de pesos se dilapidaron en el Coplamar, el Sistema Alimentario Mexicano, en Conasupo, en el muy clientelar Programa Nacional de Solidaridad de Salinas de Gortari.
Al arrancar el gobierno de Vicente Fox en el 2000, el eje de la discusión en los círculos gubernamentales de la política social era cómo romper las zonas de opacidad, cómo utilizar de forma más eficaz los presupuestos y hacer que los programas estuvieran mejor enfocados hacia los mexicanos que más lo necesitan.
Se requería evidencia, números, datos duros, conocer dónde estábamos parados y qué faltaba por hacer en materia de erradicación de la pobreza.
Fue así que un grupo de expertos se dio a la tarea de realizar la primera medición en 2002, pero no fue sino hasta la creación del Coneval que este ejercicio se institucionalizó y profesionalizó.
Estos últimos 13 años el Coneval ha generado información estadística confiable para llevar a cabo diagnósticos y procesos de planeación por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
Y a partir de 2010 el Consejo inició la Medición Multidimensional de la Pobreza con una metodología que se convirtió en un hito a nivel internacional por su carácter integral y por estar vinculada al ejercicio de los derechos sociales más relevantes para el desarrollo humano: educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda digna e ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de bienes.
Hoy, con la destitución de su Secretario Técnico desde 2005, el Dr. Gonzalo Hernández Licona, un brillante investigador y un funcionario ejemplar, asistimos a lo que es inicio de la destrucción de este organismo, al que ya se le habían venido recortando los recursos con el claro propósito de asfixiarlo presupuestalmente.
Bajo el pretexto de la “austeridad republicana”, parece que el gobierno federal busca deshacerse de una institución que le resulta incómoda. La política de bienestar de la actual Administración se lleva a cabo sin sustento científico, al menos no evidente ni explícito.
Dice Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, que el Coneval debe mantenerse. Desgraciadamente otro propósito es el que parece prevalecer en el acoso al Coneval: terminar de una vez por todas con todos los contrapesos, con los incómodos organismos autónomos que “además de caros” son “baluarte del conservadurismo neoliberal”.
La medición de la pobreza llegó de la mano con el fin del autoritarismo. Ojalá su inminente desarticulación no sea el presagio de tiempos nublados para la transparencia y la rendición de cuentas, valores sustantivos de la democracia.
