En mi colaboración de la semana pasada traté el tema del endeudamiento público de las entidades federativas, y ahora regreso para ahondar en la reflexión de este asunto vital para la agenda nacional.
Cito de nueva cuenta el estudio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que pone los focos de alerta en el crecimiento acelerado del saldo de la deuda pública de las entidades federativas el cual, de acuerdo con este organismo, “puede poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas locales, debido a que las obligaciones financieras se cubren en su gran mayoría con cargo en las participaciones federales”.
Dice la ASF en su análisis (http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_1167_a.pdf) que entre las causas del endeudamiento y su crecimiento vertiginoso se encuentran: la elevada dependencia de los recursos de origen federal y la debilidad de los ingresos obtenidos de la recaudación propia; una política de gasto local irresponsable sustentada en un déficit presupuestario creciente y, algo que ya señalé en mi anterior entrega, una regulación débil, insuficiente e imprecisa de la deuda pública, y opacidad y casi nula rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos obtenidos mediante financiamiento.
El gobierno de Sonora ha tomado cartas en el asunto para aliviar el peso de la deuda pública estatal acumulada. Y esto se ha hecho a través de una medida innovadora que pone al estado a la vanguardia, consistente en la primera subasta electrónica a la inversa de su tipo en el país, y que ha despertado el interés de autoridades de Colima, Tamaulipas y Nuevo León que ya se han acercado a la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado para conocer los detalles sobre cómo llevar a cabo este proceso y poder implementarlo en sus propias entidades.
La “subasta a la inversa” consiste en ofrecer lotes de deuda pública que se otorgan a aquellas instituciones financieras privadas que ofrecen las menores tasas de interés y los mejores plazos.
El Congreso del estado autorizó la refinanciación de $12 mil 700 millones de deuda pública, y en la licitación para reestructurar la primera parte por 43 mil millones, el Grupo Financiero Bancomer y Banobras resultaron ganadores al ofrecer una reducción de tasas del 2.2 al 0.70%.
Al concluir dicha reestructuración el gobierno de Sonora obtendrá un ahorro promedio de $127 millones anuales nada más por concepto de intereses durante los próximos 20 años.
Cabe señalar que se recibieron propuestas de diversos bancos por $9 mil 560 millones lo que constituye una muestra de la confianza que prevalece en el manejo transparente y responsable de las finanzas públicas estatales.
El gobierno de Sonora está buscando despresurizar las finanzas públicas y evitar que la deuda estatal se convierta en un factor que comprometa el futuro de las próximas generaciones y trabe el desarrollo del estado y la capacidad para responder a las grandes expectativas de la población.
Estamos frente a un asunto que va más allá de números, cálculos financieros y esquemas de renegociación.
La reciente reestructuración de la deuda local no sólo marca pauta a nivel nacional, sino que manda un claro mensaje de que el gobierno de Sonora ha decidido liberar recursos públicos para destinarlos a lo más importante: la gente.
Sonora está ante oportunidad de aprovechar sus ventajas comparativas: su cercanía a uno de los principales mercados globales, su posicionamiento privilegiado como destino de inversión para empresas de tecnología de punta, la calidad de su capital humano, sus grandes reservas naturales, sus atractivos turísticos, pero sobre todo el anhelo histórico de los sonorenses de hacer de ésta una casa habitable, justa y próspera para quienes aquí vivimos.
