En México habitan poco más de 38 millones de jóvenes que conforman uno de los sectores estratégicos para el presente y el futuro del país.
Se trata de un segmento de la población plural y complejo, inmerso en múltiples dilemas que debemos resolver si verdaderamente queremos aprovechar el llamado “bono demográfico”, esa ventana de oportunidad que significa el contar en el actual contexto con una población ubicada mayoritariamente entre los 15 y los 64 años, es decir en edad productiva, y que representa un activo para la generación de riqueza y la reducción de los niveles de pobreza en México. De acuerdo con organismos internacionales dicho bono se empezará a cerrar hacia el año 2020, por el brusco viraje que representará el crecimiento explosivo de la población de 65 años y más.
Los datos de la realidad resultan profundamente adversos para los jóvenes mexicanos: de acuerdo con el INEGI, 53.2% de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años; la tasa de informalidad laboral en este sector es de 69%; 85% de los jóvenes ocupados gana menos de 6 mil pesos mensuales.
Capitalizar el bono demográfico, por otra parte, exige invertir en el capital humano de la juventud (principalmente educación), sin embargo sólo el 57% de los que están en el rango de 15 a 19 años asiste al bachillerato; sólo 3 de cada 10 mexicanos entre los 19 y los 23 años cursa estudios superiores. De acuerdo con la SEP, de cada 100 que ingresan a este nivel apenas una cuarta parte lo concluye y sólo 23 se titula. Inaceptable.
Además el contar con un título universitario ya no es garantía de movilidad social. La razón: tenemos un sistema de educación superior muy segmentado entre universidades privadas de alta calidad e instituciones públicas federales y estatales que, contadas excepciones, dejan mucho que desear en la formación de habilidades y aprendizajes pertinentes para la vida productiva.
Por otra parte, 33% de los delitos son cometidos por jóvenes menores de 25 años, en un alto porcentaje bajo el influjo de enervantes, mientras que 38% de las víctimas de homicidios, según el Banco Mundial, pertenece a este segmento de la población.
La reciente Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014 del INEGI, que nos brinda un panorama de la situación de los jóvenes de 12 a 29 años en zonas urbanas, prende más focos rojos.
72% de los jóvenes de 12 a 29 años cuenta con amigos involucrados en al menos un factor de riesgo individual como conflictos intrafamiliares, deserción escolar, consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, participación en actos de vandalismo, pandillerismo, arrestos, robos y uso de armas. Hermosillo destaca con un porcentaje por encima de la media nacional (76.5%), por arriba de algunas de las zonas urbanas más violentas del país como Acapulco y Chilpancingo, Guerrero; la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal; Ciudad Victoria, Tamaulipas.
27.4% de los jóvenes de 12 a 29 años de Hermosillo manifestaron tener amigos involucrados en asuntos de drogas ilegales (les han ofrecido, venden o consumen sustancias ilegales), una cifra sólo superada por León (31.7%) y Querétaro (29.8%) entre las 47 ciudades que conformaron la muestra.
Las encuestas no son datos fríos: son un termómetro del ambiente social, revelan estados de ánimo, visiones de lo público, expectativas. El estudio del INEGI nos indica lo que los jóvenes anhelan: ir a la escuela, tener la oportunidad de un trabajo o una profesión, vivir en un entorno seguro en su barrio, colonia y hogar, consolidar un patrimonio, un negocio propio para generar sus propios ingresos. ¿Tendremos la capacidad y la sensibilidad para escucharlos? Los recursos destinados a los jóvenes no son un gasto, son una inversión en prosperidad, cohesión social, seguridad pública, democracia.
La mitad de la población de Sonora tiene 26 años o menos. Un reto del nuevo gobierno, por lo tanto, es construir políticas públicas centradas en nuestros jóvenes, aprovechar el bono demográfico lo que depende de abrirles oportunidades de empleo y educación, protegerlos de situaciones de riesgo y dotarlos de valores de ciudadanía, responsabilidad cívica y respeto a la legalidad para que se transformen en agentes de cambio.
Sólo así nos convertiremos en un estado líder en desarrollo económico, competitividad y calidad de vida que es el proyecto histórico anhelado de nosotros, los sonorenses.
