La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó finalmente las iniciativas de consulta popular de las tres grandes fuerzas políticas.
La del PRD buscaba revertir la reforma energética y sus leyes secundarias y reglamentarias, con un solo propósito: montarse en el amplio rechazo social a la apertura de este sector a la inversión privada que, de acuerdo con diversas encuestas fluctuaba en el 60%, con el propósito de incrementar su caudal de votos para los comicios intermedios de 2015.
Aquí poco le importaba a la izquierda populista el diagnóstico francamente crítico de una empresa petrolera descapitalizada, obsoleta, que pierde competitividad, presencia en mercados trastocados y saturados por las nuevas tecnologías de extracción; lo fundamental era ampliar espacios de poder. Los intereses políticos de corto plazo por encima de las prioridades estratégicas de la Nación.
De cualquier manera la reforma a Pemex llegó tarde. Hoy los precios internacionales del petróleo van en picada, se pronostica que pueden llegar debajo de los 60 dólares, y se vislumbra a futuro poco interés de los inversionistas por entrar a un sector cada vez menos rentable.
El PAN, por su parte, reunió el número suficiente de firmas de ciudadanos para promover una consulta sobre la necesidad de un “salario digno”, misma que fue rechazada también por la Suprema Corte. Quedó en evidencia la falta de visión estratégica de la dirigencia de este partido que decidió montarse sobre una iniciativa que ni siquiera era original porque la inició el gobierno perredista del Distrito Federal. Un tema, sin duda, con enormes reservas de consenso y popularidad ante un salario básico que no garantiza la satisfacción de las necesidades elementales de los trabajadores mexicanos y sus familias.
Preocupa el simplismo en el análisis de este asunto. Se toma mecánicamente como referente el caso de Brasil durante la década pasada donde el entonces Presidente Lula da Silva incrementó el salario mínimo en ese país a través de una serie de decretos gubernamentales, lo que repercutió en una disminución de la pobreza, mayor movilidad social y la consolidación de una clase media que fue la base de un sólido mercado interno.
Pero México no es Brasil. Lula aprovechó el éxito económico de Brasil reflejado en altas tasas de crecimiento, el fortalecimiento fiscal del Estado brasileño y las crecientes utilidades empresariales para subir los salarios por decreto. Los políticos mexicanos no entienden que en un entorno como el caracteriza a nuestro país de baja productividad y crecimiento mediocre, subir los salarios por ley sólo generará inflación y fuertes desequilibrios que terminarán por generar un efecto contrario en los niveles de vida de los trabajadores. “Es la economía, estúpido”.
Los magistrados rechazaron también la iniciativa de consulta del PRI para reducir el número de diputados y senadores plurinominales. El motor central no era reducir el costo de nuestra onerosa democracia, era sobre todo capitalizar electoralmente, con la mira puesta en los comicios de 2015, el enorme descontento social hacia la política y los políticos.
Las propuestas de consulta de los tres grandes partidos no tenían, en el fondo, un propósito estrictamente social, de defensa de la soberanía nacional o de perfeccionamiento de nuestro régimen democrático. Eran, como distingue a nuestra partidocracia, producto de cálculos político-electorales y clientelares de corto plazo.
Todo esto sucede en medio de un creciente deterioro de la gobernabilidad y de la legitimidad política de las instituciones del Estado mexicano producto de la violencia y la corrupción.
El PRD está fracturado por el conflicto entre sus tribus que no logran ajustar cuentas sobre quién propició que llegara a la alcaldía de Iguala, Guerrero, un político indefendible responsable del crimen de 43 jóvenes normalistas. El PAN sigue falto de ideas y de una visión sobre cómo reconstruir el país y recuperar la confianza de los electores. El PRI y su gobierno miran impasibles cómo se les deshace el país en las manos en medio de un conflicto social sin precedentes desde 1968.
Hoy, más que nunca, México se requiere del poder transformador de los ciudadanos.
