Al cierre de esta columna, se habían registrado en México 40,186 contagios y 4,220 fallecimientos por COVID-19. Los números que maneja el gobierno federal se han convertido, ya, en objeto de críticas de medios internacionales, como The Wall Street Journal y The New York Times, entre otros.

Este último publicó un amplio reportaje el pasado 8 de mayo, donde se señala que el número de muertes en la CDMX podría ser hasta tres veces superior a lo que reportan las autoridades.

Habla de hospitales al tope, de enfermos que vagan de un lugar a otro y mueren sin conseguir atención, de un gobierno renuente a aplicar pruebas lo que lleva a que desconozcamos la dimensión real de la pandemia y a que numerosos casos de fallecimiento sean atribuidos a “neumonías atípicas” u otros padecimientos respiratorios.

México es el país de la OCDE que menos pruebas de COVID-19 realiza: 0.4 versus 22.9 por cada mil habitantes, como promedio de los 36 países que integran la organización.

En este punto estamos en términos sanitarios, cuando el Presidente López Obrador ya expresó su firme negativa a siquiera discutir las 68 propuestas para la reactivación económica que presentó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), una de ellas, elevar la deuda pública para contar con recursos que permitan apoyar al sector productivo.

AMLO ha respondido con dureza: “Si va a haber una quiebra de una empresa, que sea el empresario el que asuma la responsabilidad o los socios o accionistas”, “no van a haber rescate de potentados”. Pero se le olvida al Presidente que quienes están ¨quebrando¨ son micros, pequeñas y medianas empresas que crean 8 de cada 10 empleos en el país.

México ya está pagando el costo de no aplicar medidas de apoyo al empleo, como lo están haciendo la mayoría de los países: entre enero y abril se han perdido 655 mil empleos formales, la mayor parte de ellos, como lo ha reconocido el director del IMSS, Zoé Robledo, corresponden a los salarios más bajos lo que expone a las personas afectadas a caer por debajo de la línea de pobreza.

¿Más datos para preocuparnos? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo responsable de medir la pobreza, ha pronosticado que una caída de 6% en el PIB haría que 10.7 millones de personas se sumaran a las filas de la pobreza extrema. Su anterior Secretario Ejecutivo, Gonzalo Hernández Licona, dice que el número puede llegar a 15 millones de nuevos pobres. Una cruel paradoja para un gobierno que llegó al poder apoyado en el lema de “primero los pobres”.

El desastre social podría ser aún mayor, si tomamos en cuenta que algunos bancos y calificadoras ubican la caída de la economía para 2020 en niveles cercanos a 10% del PIB.

Frente a esto, la red de 22 millones de personas que reciben transferencias monetarias de parte del gobierno, resulta francamente insuficiente para contener el crecimiento de la pobreza.

Un solo programa social de la pasada Administración, cancelado en esta administración, me refiero a Prospera, atendía a casi 27 millones de personas con esquemas que incluían, además de entrega de dinero en efectivo, educación, alimentación, salud, proyectos productivos e inclusión financiera.

La red de protección social del Estado mexicano se ha achicado, y ha perdido su integralidad y sus valores de transparencia y rendición de cuentas.

Por otra parte, en un contexto de fuerte caída de los ingresos públicos, como consecuencia de una menor recaudación tributaria y la debacle de los precios del petróleo, no queda claro cómo le va a hacer este gobierno para financiar los apoyos sociales que comprometió a nivel constitucional.

Ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y la crisis económica, se requiere una estrategia integral, urgente, suficiente, efectiva e incluyente.

Construir esta estrategia debe ser prioridad de todos, principalmente del gobierno federal, renuente hasta ahora a reconocer la importancia de salvar a las empresas de menor escala para mantener los empleos formales, que son el principal instrumento de combate a la pobreza y de movilidad social.

No hecerlo, perder tiempo y negar la realidad solo llevará a que la crisis sea aún más profunda y duradera. Y eso solo generará más miseria, más inseguridad y conducirá hacia escenarios no deseados de inestabilidad política y social.

Urge actuar con visión de estado y sentido de unidad, y hoy más que nunca frente a los datos, por el bien de los más pobres de este país.

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