Deportaciones: Daño bilateral
Los mexicanos indocumentados en Estados Unidos enfrentan una ola de terror por las políticas antimigratorias de Donald Trump. Hablamos de 5.8 millones de paisanos que contribuyen con su esfuerzo, tesón y talento a la prosperidad norteamericana, y con sus remesas a la de México.
Un amigo mío me ha relatado una historia que, seguramente, resulta común para millones de mexicanos que decidieron ingresar ilegalmente a EU para buscar mejores horizontes. Su sobrina junto con su esposo, hija y nieto, tramitaron visas de turistas y llegaron por avión a Los Ángeles. No tuvieron que enfrentarse a los peligros que representa, por ejemplo, cruzar la frontera por la zona desértica entre nuestro estado y Arizona donde miles de paisanos han perdido la vida por las temperaturas extremas.
Una vez instalados en California, recibieron el apoyo de amigos y familiares para establecerse e iniciar un pequeño y exitoso negocio: un food truck que compraron a crédito. Ahí venden comida sinaloense: camarones al aguachile, tacos gobernador, machaca con huevo, a trabajadores de una zona industrial entre los que han construido una red de amigos norteamericanos que los aprecian y respetan. Trabajando muy duro no sólo juntaron recursos suficientes para hacerse de una pequeña vivienda propia, sino que son fuente de empleo para otros mexicanos, pagan sus impuestos y Gerardo, el migrante más pequeño que llegó a la edad de 9 años a los Estados Unidos, es ahora un dreamer que ha sido aceptado en la Universidad de Davis, una de las mejores de California, para estudiar la carrera de veterinaria.
Este es uno de miles, millones, de sueños de superación que Trump pretende suprimir a partir de sus políticas xenófobas, de su odio inexplicable, visceral, hacia los migrantes, no importa su origen.
En su primero discurso ante el pleno del Congreso pronunciado hace unos días, un discurso, por cierto, muy eficaz, que algunos consideraron como “políticamente poderoso”, pero que reitera sus líneas de pensamiento absolutamente retrógradas, Trump habló de endurecer las leyes de inmigración y seguridad fronteriza, reiteró su intención de construir un muro y de crear una oficina de “Víctimas de Delitos de Inmigración”.
En un acto teatral, presentó casos de asesinatos cometidos por inmigrantes ilegales, como si no supiéramos que la inmensa mayoría de los homicidios que ocurren en el vecino país son perpetrados por norteamericanos que matan a otros norteamericanos en una sociedad violenta, descompuesta, enferma, donde prevalecen altísimos niveles de adicción a las drogas y alcoholismo, y donde un arma de fuego letal se puede adquirir en un Walmart, como quien compra una caja de cereales. Trump señaló ante el Congreso que hay 94 millones de estadounidenses fuera de la fuerza laboral y lo atribuyó, principalmente, a la mudanza de empleos hacia otros países -para reforzar su postura en contra del libre comercio- y a la “competencia desleal de la mano de obra ilegal”.
Diversos analistas del vecino país consideran que los inmigrantes tienen una participación vital en la economía y son claves para la agricultura y los servicios, al ocupar muchos empleos de salario bajo que los estadounidenses no pueden o no quieren realizar. Las deportaciones masivas tendrían un costo entre 400,000 a 600,000 millones de dólares, generarían al menos cuatro millones de vacantes que nadie ocuparía, y obligarían a los empleadores a reducir el tamaño de sus negocios. Un estudio revela que en 2010 los trabajadores sin permiso laboral legal pagaron en EU 13,000 millones de dólares al Seguro Social y, en cambio, recibieron 1,000 millones de dólares en prestaciones.
Del lado mexicano, las deportaciones masivas generarían costos altísimos. Cientos de miles de compatriotas expulsados se instalarían en las ciudades fronterizas, Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa, ya muy castigadas por la pobreza urbana, la inseguridad, la presencia del crimen organizado y la ruptura del tejido social. Si a ello sumamos la pérdida de importantes flujos de remesas -27,000 millones de dólares en 2016- que envían a sus familias y comunidades en México, y que son vitales para la subsistencia de muchísimos hogares, se estarían configurando las condiciones para una “tormenta perfecta”, para una crisis social y humanitaria de proporciones incalculables.
Mientras tanto, la partidocracia, en lugar de imaginar y proponer alternativas de protección y reinserción social para estos compatriotas, calcula el capital electoral que este caso representa. Basta. Nuestros migrantes deben tener toda la prioridad en las políticas públicas.
Es una cuestión de seguridad nacional, de solidaridad; es un imperativo político y también moral. Es una cuestión de dignidad. Es un tema con profundas implicaciones humanas.
