Sistema Nacional Anticorrupción
“Hacer pública mi declaración patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal me expone a ser víctima de la delincuencia, además de que, implícitamente, me señala como un funcionario susceptible de cometer actos de corrupción, algo que va en contra de mis valores y convicciones. Yo soy una persona honesta”.
Lo anterior forma parte de una argumentación cada vez más frecuente entre políticos, legisladores y funcionarios que se oponen a la implementación, en toda su extensión, del Sistema Nacional Anticorrupción cuya aprobación se encuentra trabada en el Senado de la República.
La Ley Anticorrupción, propuesta por el presidente Peña Nieto, se aprobó desde mayo de 2015, hace un año prácticamente, sin embargo faltan las leyes reglamentarias que permitirían hacer operable el sistema.
Ha sido un proceso difícil, complejo, ríspido, por la oposición de ¿quién cree usted querido lector? Adivinó: el PRI y su aliado incondicional el Partido Verde. Quieren un Sistema “descafeinado”, dejando fuera la Ley 3 de 3, que es mucho más que la presentación de las citadas declaraciones; comprende también la tipificación de los delitos de peculado y la creación de la estratégica Fiscalía Anticorrupción.
Ha sido un ejercicio muy interesante, inédito, porque, por primera vez en la historia política de este país, la sociedad civil no sólo ha presentado una iniciativa de gran alcance para la transparencia y la rendición de cuentas con el respaldo de 634 mil firmas ciudadanas, sino que ha mantenido un diálogo, una interlocución sin precedentes, con líderes legislativos. Ver a representantes de México Evalúa, de Transparencia Mexicana, del Instituto Mexicano para la Competitividad, de Fundar, del Centro Espinosa Yglesias, de los think tanks de la sociedad civil, discutiendo ley por ley, el curso del Sistema Anticorrupción con los senadores muestra todas las posibilidades de un parlamento abierto, y eso es una excelente noticia para nuestra democracia. Es aire fresco en medio de un Poder Legislativo tradicionalmente cerrado a las voces del tejido social.
De acuerdo con un artículo de la prestigiada revista The Economist (“Dejen de robar: ¿que está detrás de la revuelta popular contra la corrupción?”), “el empuje ciudadano a la Ley 3 de 3 en México se ha constituido en un caso sin precedentes de movilización popular contra la corrupción en América Latina”.
El gobierno de Peña Nieto y su partido deben entender que están frente a una oportunidad histórica para hacer visible su compromiso con un gobierno abierto. México puede ponerse a la vanguardia en el contexto de una región convulsionada por la corrupción y sus secuelas de contestación social, de ingobernabilidad.
En Guatemala, un presidente fue depuesto y enviado a la cárcel por alegaciones de corrupción en 2015; en Brasil, millones de personas han tomado las calles para exigir la destitución de la presidenta Rousseff por malversación de fondos públicos; en Honduras, las protestas obligaron al gobierno a aceptar la integración de una comisión anticorrupción; en Argentina, el nuevo gobierno está impulsando un proceso contra la ex mandataria Cristina Kirchner, mientras el presidente electo, Mauricio Macri, es acusado de involucramiento en el escándalo de los Papeles Panamá. La corrupción es un problema endémico en América Latina, un tema que había sido tolerado. Pero eso se acabó.
Hay tres cosas que han cambiado los escenarios: clases medias que están demandando mayor rendición de cuentas sobre los impuestos que pagan; una sociedad civil más fuerte e influyente en la esfera pública, una sociedad civil que ha pasado de la crítica a la acción, y redes sociales que se han vuelto activas vigilantes del quehacer gubernamental.
La corrupción ya no es un tema mediático, una simple variable de los estudios de opinión pública, una “anomalía” que se puede “administrar”. Es un fenómeno que corroe la confianza en las instituciones, debilita la democracia; abre oportunidades políticas inesperadas a movimientos populistas que, amparados en la lucha contra la opacidad gubernamental, obtienen cuotas de poder cada vez mayores y pueden ganar la capacidad directiva para después, a su vez, potenciar la corrupción a niveles inesperados. Véase el caso de Venezuela.
Bloquear las acciones anticorrupción en México, de acuerdo con The Economist, “puede proyectar la imagen de un presidente Peña Nieto que se está poniendo del lado equivocado de la historia de América Latina”.
Los ciudadanos debemos ejercer toda la presión posible para que México pueda contar con un Sistema Anticorrupción que termine, de una vez por todas, con aquellas prácticas que tanto condenamos. El país se lo merece.
