Todos estamos de acuerdo en que un gobierno democrático es aquél que se hace a los ojos de los ciudadanos. Que no solamente no se incomoda con el escrutinio de todos, sino que lo alienta a través de abrir la información pública y facilitar el acceso a ella.
Esto nos lleva de la mano al tema de la contraloría social, que se define como el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que realizan los ciudadanos, de manera organizada o independiente, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental mejore. Este aspecto vale la pena destacar. La participación ciudadana es una fuente muy poderosa para la mejora y la innovación gubernamental.Las contralorías sociales buscan garantizar que el manejo de los recursos públicos se realice en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes.En México, las contralorías sociales son un fenómeno joven, que arranca prácticamente con la alternancia política del año 2000. En un esfuerzo por fortalecer la participación ciudadana en las políticas públicas, el Gobierno Federal ha creado contralorías ciudadanas en una gran cantidad de programas, sobre todo los de desarrollo social.Hoy, sin embargo, las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) están revolucionando la manera como los ciudadanos hacen sentir su peso en la construcción de la gobernabilidad.Hoy se habla de la ciberdemocracia, de la e-democracia, de la política 2.0, caracterizadas por un uso intensivo de Internet y las redes sociales en la conformación de nuevos modelos de intervención ciudadana en los temas públicos.Los nuevos canales de comunicación permiten acortar las distancias y acercar a los ciudadanos a la vigilancia y control del gobierno. Las nuevas tecnologías facilitan, acercan, abaratan, flexibilizan y crean nuevos modelos de acceso a la información y permiten que el ciudadano participe activamente en las decisiones públicas.Mas allá de la euforia por la proliferación de grupos ciudadanos enfocados a vigilar las prácticas gubernamentales, lo cierto es que enfrentamos tanto oportunidades como retos para la consolidación de la política 2.0.Por un lado, según la Encuesta sobre Hábitos de los Usuarios de Internet en México, realizada por la Ampici, tenemos que en 2011 llegamos a 40.6 millones de internautas, y que la tendencia de crecimiento de este sector es expansiva.Sin embargo, las oportunidades que se abren con la tecnología, contrastan todavía con un bajo ejercicio de ciudadanía en el grueso de la población. Datos de la encuesta de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2008 (Secretaría de Gobernación) indican que prevalecen una cultura que minimiza el poder de la acción ciudadana: 78% de los mexicanos considera que el Presidente tiene poder para cambiar las cosas en México; y en contraste, sólo 43% piensa que los ciudadanos tienen esa capacidad de transformar el estado de cosas.No basta, pues, el creciente acceso a la tecnología para garantizar una más activa ciudadanía y una contraloría más estricta del quehacer gubernamental.Las TIC constituyen una oportunidad, pero que puede quedarse sólo en promesa, si no fortalecemos, paralelamente, a través de la escuela, los medios de comunicación, y otros espacios, la construcción de una ciudadanía más plena que implica derechos, sí, pero también responsabilidades con lo público. Ése es el reto.Espero sus comentarios.
