Acaba de concluir la consulta sobre las nuevas reglas para proteger los derechos de las audiencias en radio y televisión, y los resultados merecen atención.
El objetivo es legítimo: los medios tienen poder e influencia y deben asumir responsabilidades.
Pero hoy Human Rights Watch pidió corregir la propuesta mexicana, porque considera que algunas disposiciones pueden amenazar la libertad de expresión.
Su preocupación es muy concreta: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podría revisar decisiones de los defensores de las audiencias y sancionar a medios que difundan información considerada “falsa”, “descontextualizada” o “desactualizada”, con multas que pueden alcanzar 1% de sus ingresos anuales.
El problema, advierte Human Rights Watch, es quién decide qué información cumple con esos criterios. La Comisión tiene independencia técnica, pero forma parte de la estructura del Ejecutivo federal.
Y aparece otro dato importante. Mexicanos Contra la Corrupción analizó los 8,889 comentarios recibidos en la consulta pública: 82.2% se manifestó en contra de la propuesta y sólo 9.7% a favor. Esto no es una encuesta representativa de los mexicanos; son las opiniones de quienes participaron. Pero dos de cada tres comentarios expresaron preocupación por posibles riesgos de censura.
MCCI identifica además cinco problemas legales. Entre los más importantes: exigir a los medios prácticamente garantizar que no difundan información falsa o descontextualizada; la posibilidad de interferencia sobre decisiones editoriales; y facultades muy amplias para que la Comisión realice monitoreos, requerimientos o incluso “cualquier actuación necesaria”.
Pero yo agregaría una debilidad adicional. Estamos regulando con rigor a quien transmite la información y mucho menos a quien la genera.
¿Qué sucede cuando una dependencia gubernamental presenta cifras incompletas, un funcionario selecciona datos que favorecen su narrativa o desde una plataforma oficial se hace una acusación que después resulta incorrecta?
¿Quién obliga al gobierno a corregir con la misma visibilidad?
No propongo disminuir las responsabilidades de los medios. Al contrario. Propongo ampliar el principio: derechos ciudadanos frente a la información pública y masiva, venga de donde venga.
Una autoridad debería identificar las fuentes de sus cifras, corregir públicamente información incorrecta y garantizar mecanismos efectivos de aclaración o réplica. Y tampoco podemos ignorar redes sociales, bots, influencers, inteligencia artificial y contenidos sintéticos.
El reto es encontrar el equilibrio: ni medios sin responsabilidades ni un gobierno convertido en árbitro de la verdad.
El principio debería ser sencillo: A mayor poder para informar e influir, mayor responsabilidad para demostrar, aclarar y corregir.
Para los medios, por supuesto. Pero también para los partidos, los políticos y el propio gobierno.
