Imagina que la Secretaría de Hacienda te elige para una auditoría fiscal. Preguntas por qué, y la respuesta es: “lo decidió el sistema”. Eso ya está pasando en México. Al menos 14 dependencias federales usan hoy inteligencia artificial para decidir a quién fiscalizar, a quién evaluar como riesgo o a quién resolver un trámite, según una revisión de solicitudes de transparencia hecha hasta noviembre de 2025.
El problema no es que el gobierno use tecnología. El problema es que ninguna ley mexicana dice cómo debe usarla, ni qué debe poder explicar cuando lo hace.
Eso no es solo una laguna administrativa. Es una vulnerabilidad legal real, con nombre y precedente propio en el derecho mexicano. Existe una tesis de jurisprudencia —derivada del artículo 16 constitucional— que dice que una decisión de gobierno está mal fundamentada cuando las razones que ofrece son tan escasas que el ciudadano no puede conocer plenamente los elementos que se consideraron para decidir. El estándar exige que la persona afectada pueda entender “el por qué” con detalle suficiente para poder impugnarlo.
Aplicado a un algoritmo, el problema salta a la vista: si el criterio real detrás de una decisión es un sistema que nadie puede explicar del todo, esa decisión difícilmente cumple ese estándar.
En los propios términos del derecho mexicano, es un acto impugnable. Ningún tribunal ha aplicado todavía ese razonamiento a un caso de inteligencia artificial —conviene decirlo con esa honestidad—, pero eso no significa que el riesgo no exista. Significa que nadie lo ha llevado a juicio todavía, en parte porque la mayoría de los afectados ni siquiera sabe que un algoritmo participó en su caso.
Ahí está el verdadero desequilibrio: el vacío legal no golpea primero al gobierno. Golpea al ciudadano, que no tiene manera de saber cuándo una máquina decidió por él, ni una ruta clara para defenderse si esa decisión estuvo mal.
A esto se suma que estos sistemas ya procesan información fiscal, de seguridad e incluso clasificada, sin estándares públicos de auditoría, y que el reacomodo institucional que sustituyó al extinto INAI en 2025 todavía tiene, según especialistas, tareas pendientes de definición.
El Congreso no ha estado del todo inactivo: ha recibido más de un centenar de iniciativas relacionadas con inteligencia artificial desde 2020. Ninguna se ha convertido en ley. Y la objeción más común —que regular algo tan complejo toma tiempo— no explica por qué no existen, al menos, lineamientos mínimos de transparencia: exigir que una dependencia informe cuándo usa un sistema automatizado y qué controles tiene no requiere resolver primero el debate filosófico completo sobre cómo legislar la inteligencia artificial.
No se trata de frenar la tecnología del Estado. Se trata de que, antes de que alguien pague el costo de una decisión que ni el propio gobierno podría defender ante un juez, exista al menos la posibilidad de preguntar por qué —y recibir una respuesta que no sea “lo decidió el sistema”.
