Decía la escritora Susan Sontag, en un libro titulado “La enfermedad y sus metáforas” que “la enfermedad es una ciudadanía más cara”. Arthur Schopenhauer, el filósofo, sostenía que “al menos, las nueve décimas partes de nuestra felicidad residen exclusivamente en la salud. Un mendigo con buena salud es más feliz que un rey enfermo”.
Los mexicanos utilizamos con frecuencia la figura que dice “habiendo salud, lo tenemos todo”. Y es cierto, contar con una buena fortaleza física y con el dominio pleno de nuestras facultades, nos hace más aptos para enfrentar los retos que nos plantea la vida y construirnos mejores oportunidades.
En México, en medio de los intensos cambios que estamos atravesando, la salud se ha puesto en el centro de la atención pública por varias razones.
La actual administración federal se comprometió desde el arranque a crear un sistema de salud “como el que tiene Canadá, el Reino Unido, Dinamarca, de lo mejor”, prometió el presidente de la república.
Se justificó la necesidad de llevar a cabo cambios de fondo a partir de un diagnóstico muy severo de la situación del sector: corrupción, robo de dinero y medicamentos, políticos convertidos en proveedores de medicinas e insumos, déficit de médicos y enfermeras.
El primer paso fue avanzar hacia la compra consolidada de medicamentos, medida que, sin embargo, provocó una escasez que afectó a los derechohabientes de las instituciones públicas de salud.
Un segundo paso fue desaparecer el Seguro Popular (SP), creado en 2004, y sustituirlo, a partir del primero de enero de este año, por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), un proceso accidentado donde ha prevalecido inicialmente confusión por la falta de información precisa y la ausencia de reglas de operación para el nuevo organismo.
Los beneficiarios del anterior SP -53 millones de mexicanos fuera de la seguridad social y cuyo nivel socioeconómico es muy precario- se hallaron con la sorpresa de que, a partir del primer día de 2020, tenían que pagar cuotas de recuperación por una cirugía, una quimioterapia, un trasplante o el uso de una sala de cuidados intensivos.
Se trata de una peligrosa pérdida en el ejercicio del derecho constitucional a la salud.
Dos exsecretarios de salud, Salomón Chertorivski y Julio Frenk, han resumido en un artículo publicado en el periódico Reforma (“Insabi: incertidumbre que mata”) cómo la alteración operativa de los servicios perjudica a tantos y tantos mexicanos que dependían de un sistema público de salud que a diario atendía a un millón de personas, otorgaba 900 mil consultas, atendía 4 mil 500 partos y realizaba 12 mil cirugías.
Es cierto que hubo desvíos por casi 9 mil millones de pesos de dinero del SP y que existía un problema de cobertura y calidad de los servicios en los hospitales públicos.
Sin embargo, la decisión del gobierno de la 4T de realizar una cirugía no con bisturí, sino con machete al SP, puede tener, como lo señalan los exfuncionarios citados “consecuencias potencialmente devastadoras para la salud, la sobrevivencia y la estabilidad económica” de la población afectada.
La creación del Insabi ha despertado todo tipo de resistencias en los gobiernos estatales, cuya infraestructura médica y hospitalaria es clave para lograr la cobertura universal que busca el gobierno federal.
Aún más, los gobernadores del PAN han anunciado que presentarán un plan alterno al Insabi para garantizar la gratuidad de los servicios de salud en el tercer nivel. En tanto, se prevé que habrá una lluvia de amparos interpuestos por ciudadanos ante la Suprema Corte de Justicia.
Por su lado, el director general del Insabi, Juan Ferrer, asegura que a finales de este año quedará completamente implantado el nuevo organismo con 96 intervenciones quirúrgicas de alto costo completamente gratuitas.
En la transición del SP al Insabi ha imperado la confusión; ha prevalecido la improvisación y han faltado diagnósticos claros, planeación, estudios actuariales, marcos normativos.
Una vez más, la falta de utilización de instrumentos científicos para la construcción e implementación de políticas públicas, está pasando una costosa factura en términos de eficacia y resultados con graves consecuencias para la seguridad humana de millones de personas.
Ojalá pronto se resuelvan los pendientes porque, con la salud, no se juega.
