México es un país con alta exposición a fenómenos naturales —huracanes, inundaciones, lluvias extremas, sismos, sequías— que cada año dejan no solo pérdidas económicas, sino también vidas truncadas. La magnitud de los daños varía según la intensidad del evento, pero los costos humanos y materiales son recurrentes y muchas veces evitables, como lo ha demostrado las recientes lluvias que causaron inundaciones en varios estados.
Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), los desastres provocan directamente más de 600 fallecimientos al año. Estas muertes aparecen junto con pérdidas económicas significativas. Por ejemplo, en 2023 las pérdidas fueron estimadas en cerca de 88,910 millones de pesos, mientras que en años previos oscilaban entre decenas de miles de millones.
Las pérdidas no solo corresponden a bienes materiales —viviendas, infraestructura pública, caminos— sino también a interrupciones productivas, pérdida de ingresos familiares, afectaciones sociales y costos para los sistemas públicos de salud, energía y transporte. Cuando un vecino pierde su casa o su sustento, el costo no se reduce a una cifra: es un impacto profundo en la comunidad.
La experiencia internacional evidencia que invertir en prevención rinde. Instituciones como el Banco Mundial o la ONU han estimado relaciones de 4 a 7 pesos de ahorro por cada peso invertido en mitigación y reducción de riesgos. Pero en México la tendencia sigue siendo responder tras el desastre, en lugar de anticiparse. Se estima que se invierte hasta 23 veces más en reconstruir que en prevenir.
Varios factores estructurales agravan el efecto de los eventos. El crecimiento urbano desordenado, con viviendas en zonas de riesgo (cauces, laderas, zonas propensas a inundación), eleva la exposición. La infraestructura hidráulica y pluvial muchas veces está subdimensionada o deteriorada, incapaz de enfrentar lluvias intensas.
Los Atlas de Riesgo, aunque existentes en muchos municipios, rara vez se aplican como instrumentos vinculantes para el uso del suelo o permisos de obra. La eliminación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en 2021 significó perder un mecanismo automático para liberar recursos tras declaratorias, obligando a depender del presupuesto ordinario con decisiones discrecionales. A esto se suma la limitación de capacidades técnicas y financieras en muchos municipios para diseñar e implementar obras de mitigación.
En el plano presupuestal, la respuesta federal ha mostrado incremento: de 1,514 millones de pesos en 2021 hacia casi 18 mil millones en 2024 destinados a emergencias y reconstrucción. Pero esos montos aún resultan insuficientes frente a los daños de un año extremo. En 2023, los costos totales superaron cinco veces el presupuesto disponible para atención de desastres.
En definitiva, los desastres naturales en México cobran cada año no solo patrimonios, sino vidas humanas. Las muertes, sumadas a las pérdidas económicas, recuerdan que no basta reconstruir tras la catástrofe: es urgente invertir en prevención, ordenamiento territorial, infraestructura resiliente y fortalecimiento institucional. No hacerlo implica seguir pagando con vidas y recursos que podrían ahorrarse si actuamos con anticipación.
