El próximo 1 de junio de 2025, México vivirá una elección inédita: por primera vez se votarán 881 cargos del Poder Judicial Federal, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales, jueces y magistrados. Este cambio, impulsado por la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, busca “democratizar” el sistema de justicia. Pero frente a los riesgos y deficiencias del proceso, una pregunta recorre el ánimo ciudadano: ¿vale la pena votar?
Quienes consideran abstenerse no lo hacen por apatía, sino por principios. Argumentan que esta elección judicial, mal diseñada y mal organizada, puede terminar debilitando, no fortaleciendo, al Poder Judicial. No hay criterios sólidos para garantizar la idoneidad e independencia de los candidatos. Cualquiera que cumpla requisitos mínimos puede postularse, sin pasar por filtros técnicos rigurosos.
Organizaciones como Justicia en la Mira han identificado perfiles de “alto riesgo”: personas con acusaciones de abuso, vínculos políticos o nexos con el crimen organizado. La plataforma “Conóceles” del INE permite consultar datos, pero no valida ni investiga los antecedentes. Votar, en este contexto, podría equivaler a legitimar un sistema vulnerable a intereses políticos y criminales.
Además, el INE enfrenta una elección sin precedentes con menos de la mitad del presupuesto necesario. Se instalará solo el 43% de las casillas originalmente previstas, lo que afectará sobre todo a comunidades marginadas. La logística es tan complicada —por boletas múltiples, cientos de nombres, y un conteo centralizado— que muchos temen caos, baja participación y resultados cuestionables.
Otros sostienen que, precisamente por esas mismas razones, hay que votar. Porque si la ciudadanía se ausenta, el proceso será capturado sin resistencia por quienes sí tienen interés en controlar la justicia: partidos, cúpulas políticas o incluso el crimen organizado. En ese escenario, la abstención no es protesta, sino cesión.
El riesgo de la injerencia política es real: la coalición gobernante, con mayoría en el Congreso, ha sido señalada por querer influir en la selección de candidatos. La fiscalización del INE existe, pero está limitada por los recursos y el tiempo. Participar activamente es una forma de marcar límites y de exigir rendición de cuentas.
Herramientas como “Practica tu voto” o “Ubica tu casilla” son intentos útiles del INE para facilitar el acceso a la información, pero requieren un esfuerzo consciente del electorado por informarse y ejercer un voto razonado.
El dilema entre votar o no en esta elección judicial no es menor: refleja la tensión entre una reforma que pretende democratizar y un proceso que podría ser capturado. Participar o no es, en sí mismo, un acto político. En un contexto tan incierto, el voto no garantiza un buen resultado, pero la abstención sí garantiza dejarle el camino libre a quienes quieren poner a la justicia al servicio del poder.
