La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha sido fundamental para fortalecer la sociedad civil y la gobernanza en México, al brindar financiamiento, asistencia técnica y apoyo para la creación de redes entre organizaciones de la sociedad civil (OSC) y gobiernos locales.
La USAID, es una entidad independiente creada por una ley de su Congreso, tiene un presupuesto de 42 mil 800 millones de dólares destinados a ayuda humanitaria y a asistencia al desarrollo en todo el mundo.
USAID ha contribuido a mejorar sistemas de prevención y protección de derechos humanos, a impulsar iniciativas de transparencia y a promover procesos electorales libres, además de invertir en proyectos de gestión sostenible de recursos y energías limpias, especialmente en comunidades indígenas.
Sin embargo, la reciente incertidumbre sobre su continuidad plantea serios riesgos para las organizaciones ciudadanos en el país. La posible eliminación de USAID se enmarca en una política de reducción de ayuda exterior impulsada por el gobierno de Donald Trump. Este último ha acusado a la agencia de operar de forma autónoma y de financiar ONG que, según él, buscan desestabilizar la región.
En ese contexto, el senador Marco Rubio, recientemente designado como director interino de USAID, ha manifestado que pondrá fin a la “insubordinación” en la agencia, argumentando que sus acciones no se alinean con los intereses estratégicos de Estados Unidos y justificando, por tanto, una reestructuración profunda.
Asimismo, el magnate Elon Musk ha calificado a USAID de “organización criminal”, en consonancia con las críticas de Trump, quien afirma que la agencia está dirigida por “lunáticos radicales”. Estas declaraciones han encendido el debate internacional sobre el papel de USAID en la cooperación global y su impacto en países receptores como México.
Actualmente, se estima que en México existen alrededor de 43,500 OSC. La disminución o eliminación del apoyo de USAID podría significar un golpe decisivo para estas organizaciones, que dependen en gran medida de sus recursos para operar y mantener iniciativas cruciales.
Ante la creciente complejidad en la obtención de apoyos públicos, la implementación de normas fiscales más estrictas y la reducción de la inversión gubernamental –como se ha observado con la política de la 4T–, la salida de USAID representaría una limitación significativa para la capacidad operativa y de incidencia de las OSC.
La pérdida de este apoyo no solo afectaría la labor en derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el fomento de la democracia, sino que también comprometería proyectos en áreas como el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Aunque los cambios en USAID podrían no impactar directamente al gobierno federal, sus efectos se verían reflejados en la sociedad civil y en el desarrollo de iniciativas en todo el país. La cooperación internacional ha sido clave para el progreso de México en diversos ámbitos; por ello, la reducción de este respaldo podría significar un retroceso en aspectos fundamentales para el bienestar y la consolidación democrática del país.
