Históricamente, la relación entre los empresarios y el Estado mexicano, ha estado marcada por momentos de acuerdo y también de conflicto.
Uno de los momentos más álgidos de esa confrontación tuvo lugar durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976), lo que abrió paso al nacimiento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) como una respuesta del sector productivo nacional a la creciente intervención del gobierno en la economía y la aplicación de medidas claramente populistas.
El asesinato en 1973 de Eugenio Garza Sada, cabeza del Grupo Monterrey, a manos de un grupo guerrillero, en el marco de un discurso oficial francamente hostil hacia la empresa privada, selló el distanciamiento entre la IP y el gobierno de Echeverría, el cual concluyó en medio de una profunda crisis económica.
El gobierno de José López Portillo protagonizó, también, un choque directo con el sector privado, que derivó en la nacionalización de la banca y una estampida de capitales.
El saldo de dos sexenios de populismo fue muy negativo para el país.
Un momento particular de la relación IP-gobierno se vivió durante la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). La privatización de empresas estatales, por cierto, en medio de una enorme opacidad, y el Tratado de Libre Comercio, abrieron nuevas oportunidades de negocio al sector empresarial. No obstante, la administración salinista cerró con una de las crisis económicas más severas de las que se tenga memoria, la de diciembre de 1994, provocada, en gran medida, por la fuga de capitales.
Siguió casi un cuarto de siglo (1994-2018) de gobiernos de alternancia entre PRI y PAN marcados por la instrumentación de políticas económicas muy ortodoxas que generaron estabilidad y crecimiento, así como condiciones propicias para la inversión privada.
El triunfo de López Obrador en 2018, vino a alterar ese largo ciclo de certidumbre para los hombres del dinero. La cancelación de la obra del nuevo aeropuerto de Texcoco, aunada a señales de falta de rumbo en materia económica, minaron la confianza de los empresarios.
Consciente de esto, AMLO ha buscado acercarlos a su proyecto. Ha formado consejos asesores con destacados líderes privados, ha establecido acuerdos de inversión con los consorcios más importantes, entre ellos el que encabeza Carlos Slim, para atraer recursos privados a sus proyectos de infraestructura pública.
Sin embargo, todo esto parece formar parte de una escenografía que sólo vela la profundidad de la fractura que separa al gobierno y la IP, pero que pocos empresarios se atreven a expresar. Lejos de esto, lo que se observa es un penoso sometimiento al poder.
Hay miedo, sin duda, por la cantidad de instrumentos de los que se ha allegado este gobierno de la 4T para disuadir a sus opositores: una Unidad de Inteligencia Financiera y un poder judicial con riesgo de convertirse en brazos políticos contra los empresarios disidentes a través de la cárcel, el congelamiento de cuentas y la extinción de dominio.
Fuera de algunas voces (Coparmex), los empresarios han renunciado a señalarle al presidente sus desaciertos. Peor aún, han desistido de jugar el papel activo y crítico que tuvieron en el pasado en defensa de la democracia.
¿Qué líder empresarial ha levantado la voz contra lo sucedido en los organismos autónomos (CNDH, INE, CRE)? ¿Contra el lenguaje polarizador del presidente? ¿Contra la necesidad de reforzar la estrategia de seguridad?
La reciente cena para comprar ¨cachitos¨ de Lotería para la “no rifa” del “no avión presidencial” fue una manera más.
Sin embargo, como señala el analista Jorge Suárez Vélez (El Norte, 20 de febrero), “los empresarios no deben posponer el enfrentamiento con el gobierno, pues éste será infinitamente más violento si ocurre por una crisis de la cual se les culpará y cuando las instituciones estén todas cooptadas”.
Los empresarios deben invertir, sí, porque eso es vital para el bienestar del país. Pero deben hacerlo defendiendo las libertades y las instituciones y reglas democráticas construidas con tantos esfuerzos, rechazando la conformación de un poder presidencial unipersonal, luchando por la preservación de la transparencia y la rendición de cuentas en el quehacer gubernamental.
Los empresarios fueron un importante motor de la alternancia política en México, ahí están los ejemplos de Luis H. Álvarez y el Maquío Clouthier en la lucha contra el autoritarismo. Hoy necesitamos, no sólo de su inversión económica, sino también de su inversión cívica por el bien de México.
