Creo que nadie ha puesto tan claro en la discusión pública el tema de la importancia de los organismos autónomos, como Jesús Silva Herzog (Reforma, 17 de diciembre): 1) Las instituciones que desentonan de la voluntad mayoritaria, son tan importantes como aquellas que pretender expresarla; 2) La democracia requiere de un complejo de resistencias en contra del poder de los elegidos; 3) La democracia requiere instituciones de vigilancia y denuncia, instancias arbitrales, organismos que develan los secretos del poder, órganos técnicos diseñados para actuar con independencia de la presión popular.
La democracia no supone, de ninguna manera, confianza en la infalibilidad del pueblo, del Presidente, de institución alguna. En la democracia se pone en duda, se cuestiona, se pregunta, se contradice. 
Esto no parece entenderlo los líderes de MORENA quienes se han declarado, en todo momento, contrarios tanto a la sociedad civil como a los organismos autónomos. En su visión, el voto de los mexicanos el primero de julio envió un mensaje contundente para que todos se sometan a su proyecto político.
No hay espacio para las disidencias, o se está a favor o en contra. Recientemente, el Presidende López Obrador ha calificado a quienes se oponen a su visión de “neoconservadores”, “retrógrados”, “mezquinos”. El suyo es un proyecto de concentración del poder en la figura presidencial donde parece que le estorban los órganos autónomos, porque son factores de equilibrio, control y contrapeso. De ahí la decisión de castigar a estos entes en el presupuesto 2019 con un recorte de 3 mil 428 millones. Un acto sin explicación, pero de grandes consecuencias.
El INE recibió 950 millones menos, cuando tiene la encomienda de organizar el próximo año los comicios en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, lo que implica la instalación de más de 16 mil casillas, así como el reclutamiento y capacitación de más de 64 mil funcionarios. Es el mismo Instituto que organizó unos comicios ejemplares en julio pasado y contó los votos que le dieron la victoria a López Obrador.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personas (INAI) –blanco de las animadversiones de López Obrador, ya que prácticamente lo acusa de no haber hecho nada para detener el crecimiento creciera la corrupción- tendrá 37 millones menos para el próximo ejercicio fiscal.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) –de hecho, condenado a morir por la derogación de la Reforma Educativa- recibirá 300 millones menos, y con ello prácticamente lo desaparecen. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) tendrá 280 millones menos, a pesar de que a este organismo debemos la implementación de la reforma estructural al sector, que permitió que millones de mexicanos pudieran tener acceso por primera vez a un celular con datos móviles e Internet y a llamadas de larga distancia nacional e internacional sin costo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contará con 162 millones de pesos menos para su operación (¿dónde queda el compromiso con esta agenda?). El más castigado será el Poder Judicial que recibirá casi mil 700 millones de pesos menos distribuidos entre el Consejo de la Judicatura (1,507 millones), la Suprema Corte de Justicia (124 millones) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (68 millones). No hay una sola razón objetiva para ello, y deja afuera del debate el problema de fondo de este poder: su opacidad y falta de rendición de cuentas.
Es cierto que los altos funcionarios de estos organismos tenían remuneraciones discutibles y que era necesario poner un freno a los privilegios. Sin embargo, MORENA se ha aprovechado de la indignación popular contra el derroche para avanzar en su proyecto de desinstitucionalizar al país.
Tenemos que defender a los organismos autónomos para evitar el regreso de un modelo autoritario. Y ese es un trabajo de nosotros, los ciudadanos.
Posdata
Existe una gran consternación ante el accidente aéreo que cobró la vida de la Gobernadora panista de Puebla, Martha Érika Alonso, y de su esposo, el exmandatario estatal y senador, Rafael Moreno Valle.
El nivel de encono político que se había generado en Puebla a raíz del proceso electoral, las agresivas declaraciones hacia la gobernadora panista por parte del candidato morenista, Miguel Barbosa, y de los dirigentes de MORENA, han alimentado en algunos la sospecha de un crimen de Estado. Es algo definitivamente poco creíble.
