Inseguridad urbana: nuevas evidencias
Fuimos testigos la semana pasada de un hecho inédito. La eliminación a cargo de elementos de la Marina del líder de un grupo delictivo, Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, en la delegación Tláhuac, que desató una serie de narcobloqueos en esa demarcación de la Ciudad de México. La capital del país, que se había mantenido al margen de la violencia de los grupos del crimen organizado, fue escenario de la quema de vehículos con objeto de paralizar las vías de comunicación, de los llamados narcobloqueos, espectáculo que sólo veíamos en ciudades de Tamaulipas o Jalisco. Lo que nos faltaba para reforzar la imagen internacional de que somos un país violento.
Lo sucedido es un indicador palpable de que estamos perdiendo la batalla por la paz, la civilidad, la gobernabilidad y la legalidad precisamente en las ciudades mexicanas, ejes de la prosperidad y la competitividad económica, del desarrollo humano, de la construcción de tejido social, de la educación y la difusión de la cultura.
En este marco, el INEGI dio a conocer recientemente los resultados de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente a junio de 2017. Todos, gobiernos, instituciones de seguridad, sociedad civil, empresarios, ciudadanos deberíamos estar preocupados por los datos que arroja el estudio. 75% de los mexicanos opina que vivir en su ciudad es inseguro, casi siete puntos porcentuales más con respecto a septiembre de 2014, el nivel más bajo en esta administración federal. A nuestra capital, Hermosillo, le va mal. En tan sólo tres meses, de marzo a junio de este año, el porcentaje de habitantes que se sienten inseguros pasó de 71% a 82%.
Todo esto constituye un llamado de atención para ir más allá del combate a la inseguridad con más policías, patrullas y cámaras de vigilancia. Necesitamos más que la fuerza e implementar soluciones novedosas. Necesitamos voltear la mirada a la salud del tejido social, lo que implica combatir la violencia intrafamiliar, promover la educación para la paz y una cultura de respeto a la legalidad, y aquí tú y yo -lector- tenemos una responsabilidad ineludible.
El gobierno tiene que hacer también su parte, fortaleciendo los programas de empleo y oportunidades educativas para los jóvenes, convertidos hoy en principal insumo humano de los grupos delictivos, instrumentado programas sociales más efectivos para combatir la exclusión social.
Aún es poco tiempo para obtener los resultados esperados del nuevo sistema de justicia penal, que hará más expédita y transparente la impartición de justicia. También es cierto que tiene áreas de oportunidad, como revisar los criterios para dictar prisión preventiva a quienes cometen delitos considerados como graves por la ley.
También hay que reconocer que los procesos de rehabilitación no han funcionado. Tenemos ambientes penitenciarios corrompidos, controlados por bandas criminales que protagonizan sangrientos motines carcelarios. A pesar de ello, no hay que discriminarlos.
Muchos de ellos merecen una segunda oportunidad. Sin embargo, al salir de las rejas retornan a sus entornos comunitarios y familiares de origen marcados por la pobreza y la violencia, donde se reproducen las condiciones para que vuelvan a delinquir. Todo ello en medio de un enorme vacío de estrategias efectivas de reinserción social.
Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, ha planteado una reflexión y una serie de propuestas con la que no puedo estar más de acuerdo: nos falta una mayor comprensión social de los detonantes de la violencia; entender, por ejemplo, lo que sucede en el tejido familiar y comunitario en la colonia “El Sahuaro”, una de las más marginadas y con mayor tasa de delincuencia juvenil de Hermosillo, donde la falta de acceso suficiente a servicios públicos, la ausencia de oportunidades de desarrollo, la pobreza y el desamparo, potencian la inseguridad.
Necesitamos restablecer las relaciones de cooperación entre la gente, necesitamos intervenciones a la medida de nuestras localidades, que tomen en cuenta sus problemas particulares y sus ventanas de oportunidad específicas. La seguridad, dice Magaloni, “se construye no sólo desde el Estado, requiere una vida colectiva efervescente donde las personas que viven juntas sientan empatía, se ayuden, cooperen y se protejan unas a otras”.
Se trata de reconstruir el ecosistema social de las comunidades más pobres y violentas llevando servicios públicos, educación, salud, empleo, construyendo espacios públicos donde los niños y los jóvenes puedan practicar un deporte y donde las familias puedan convivir sanamente, talleres de empoderamiento para las mujeres. El combate a la inseguridad, en pocas palabras, debe ser local, social y con una visión profundamente humana.
Pero más allá, debe ser una tarea de todos, trabajando en equipo gobiernos, empresarios, sociedad civil, sonorenses de a pie, como tú y yo, estimado lector. Planteemos una agenda. Mis redes sociales están abiertas para recuperar tus propuestas. Hagamos valer nuestra voz. Hagamos juntos la diferencia.
