Gasolinazo y protesta social
En un artículo anterior hice una reflexión sobre el bajo nivel de credibilidad de los ciudadanos en la información que emite el gobierno. Hay una enorme desconfianza en las cifras públicas. Por ello, no dudo que muchísimos mexicanos se sintieron distantes de los argumentos que –para justificar el “gasolinazo”- presentó el Presidente Peña Nieto en su mensaje de Año Nuevo la noche del pasado 5 de enero.
Sin embargo, la información es cierta: mantener artificialmente bajos los precios era inoperante; el costo de mantener el subsidio a las gasolinas hubiera costado 200 mil millones de pesos para 2017. Durante el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno se gastó más de un billón de pesos en el subsidio a las gasolinas.
Se trataba de un subsidio muy regresivo. ¿Qué significa esto? Que favorecía básicamente a los sectores de la población de mayores ingresos. De acuerdo con Peña Nieto, 60 millones de mexicanos, los de menores ingresos, sólo consumen el 15% de la gasolina, mientras que 12 millones, el 10% de la población de mayores ingresos, consume 40%. Estudios indican que un hogar en el 10% más rico de la población, recibe en promedio $9,000 anuales por estos subsidios, 9 veces más de lo que recibe un hogar del 10% más pobre. La razón es muy simple: apenas 12% de los hogares mexicanos en condición de pobreza cuentan con automóvil.
Estamos, sin duda, ante una medida correcta. Continuar con el oneroso esquema de subsidios al combustible, hubiera minado aún más unas finanzas públicas que se mueven al filo de la navaja. Necesitamos hacer todo lo posible para que la delicada situación económica no vaya a derivar en crisis como las de 1994-1995 y 2008-2009, donde el PIB cayó en promedio 7 puntos porcentuales. En la primera, 17 millones de mexicanos se agregaron a las filas de la pobreza; en la segunda, cinco millones.
Hay otros argumentos oficiales incuestionables: México importa más del 60% de las gasolinas que consume, y traer ese combustible del exterior sale cada vez más caro porque el dólar ha pasado de 13 pesos en diciembre de 2012, cuando tomó posesión Peña Nieto, a 21 pesos al día de hoy, 60% más.
El Presidente le echó la culpa a la administración de Calderón de haber “quemado” dinero público para mantener “artificialmente bajo el precio de las gasolinas y evitar costos políticos”. Y aquí en donde inician mis cuestionamientos, y hago cuatro preguntas.
La primera es ¿por qué, si el Presidente estaba consciente de la regresividad de los subsidios a la gasolina, de que estábamos ante un subsidio injustificable e insostenible financieramente, no los eliminó desde el arranque de su sexenio? La respuesta: porque él mismo buscó rentabilidad político-electoral para beneficiar a su gobierno y su partido con gasolinas baratas. El Presidente tomó la decisión hasta que no le quedó de otra debido a la vulnerabilidad de las finanzas públicas.
La segunda pregunta es ¿por qué si este gobierno tenía claro que importar gasolinas resultaba cada vez más oneroso, no construyó refinerías? El Presidente dice que el alza al precio de las gasolinas “no tiene relación con la reforma energética”, y yo digo que sí, porque hubo cosas que se debieron haber previsto en la reforma, y una de ellas era lograr una mayor soberanía en materia energética. Se trata de una grave omisión que hoy nos está costando muy cara.
La tercera pregunta es ¿por qué se hizo este ajuste de manera tan abrupta, cuando se pudo haber diseñado una estrategia para lograr un aterrizaje más suave que no generara un choque económico para las clases medias, políticamente volátiles, así como al sector del autotransporte de carga y pasajeros? La gasolina cara le va a pegar a la inflación, pero también a los niveles de popularidad del Presidente. Es un tema que tiene un enorme potencial electoral, un auténtico “regalo en bandeja” para los partidos de oposición y el círculo rojo.
La última pregunta es ¿dónde está el área de inteligencia política del gobierno, cómo pudo tomarse una decisión de tan delicadas consecuencias sin prever precisamente lo que pasó: disturbios, saqueos a comercios, bloqueos carreteros, que afectaron a millones de ciudadanos? La protesta social y la rapiña tomaron por sorpresa al gobierno que actuó tardíamente para contener la violencia, la ilegalidad y el desafío al Estado de derecho.
Las imágenes de niños y jóvenes con uniformes escolares, de mujeres amas de casa, de personas de clase media participando en el saqueo a centros comerciales, desafía toda ética y nos habla del enorme déficit de ciudadanía que tenemos como país, nos habla de una preocupante ruptura de valores. Y también de una profundo malestar social. La decisión está tomada, y ahora el reto para el Presidente y su partido es cómo minimizar los costos políticos, económicos y sociales. Yo veo muy complicado el panorama, ¿usted, querido lector?
