La inseguridad es un elemento corrosivo de la confianza ciudadana en sus autoridades. Tiene altos costos económicos porque implica pérdidas en los ingresos y el patrimonio de las familias que son víctimas de un hecho delictivo. Obliga a las empresas a invertir en dispositivos de protección de instalaciones, transporte y mercancías, en lugar de ampliar su rango de negocios o contratar más personal para la operación de sus actividades normales. Ahuyenta la inversión necesaria para crear empleos y desarrollo.
El presupuesto para la función de seguridad pública aprobado para 2016, es de 163,000 millones de pesos. Esto equivale al doble de lo que el gobierno invierte en el Programa Prospera, que apoya la educación, salud y alimentación de 6.2 millones de familias, las más pobres de México. Sin embargo, son recursos que no rinden frutos, porque entre más se gasta en policías, armamento, patrullas e infraestructura, el problema crece.
Prácticamente todos los estudios de opinión siguen ubicando a la inseguridad entre los tres temas que más preocupan a los ciudadanos, junto a la situación económica y la corrupción.
Los datos que proporciona la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondiente a marzo de 2016 no da espacios para la autocomplacencia y nos habla de lo mucho que falta por hacer:
70% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro.
80% de la población manifiesta sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 73% en el transporte público, 65% en el banco, y 61% en las calles que habitualmente usa.
La población percibe una alta incidencia de conductas antisociales en sus vecindarios: 67% ha observado consumo de alcohol en las calles; 65% robos o asaltos; 58% vandalismo; 41% venta o consumo de drogas; 38% presencia de bandas violentas o pandillerismo, y 29% disparos frecuentes con armas.
68% dejó de portar joyas, dinero o tarjetas de crédito por temor a sufrir algún delito; 62% no le permite a sus hijos salir de su vivienda; 54% decidió ya no caminar por los alrededores de su vivienda después de las ocho de la noche; y 35% cambió rutinas relacionadas con visitar parientes o amigos.
Las ciudades con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional son Villahermosa (89%); la zona norte de la Ciudad de México (87%) y Acapulco (86%). Otras urbes con muy altos niveles son Reynosa y Zacatecas con más de 85%, Veracruz con 82% y Toluca con 81%.
Llama la atención el alto porcentaje de la población de Hermosillo que se siente insegura (70%). Estamos frente a un desafío importante para el gobierno y la sociedad sonorense.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015 del INEGI, 58% de la sociedad sonorense considera la inseguridad como el principal problema del estado.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de este año, 406 automóviles fueron reportados como robados, 13.5 autos por día. La persistencia de la cifra en el tiempo indica, probablemente, que no estamos ante “hechos aislados” sino ante la existencia de grupos delictivos bien organizados que han encontrado en la venta de vehículos robados y autopartes un nicho de mercado muy rentable.
Por otra parte, el robo a casa-habitación muestra un incremento peligroso. En noviembre de 2015, el número de casos era de 109. Para febrero de este año, fue de 243, un aumento de 220% en tres meses.
Sin embargo, es muy probable que los números sean mucho más altos, debido a que sólo se denuncia 17% de los delitos cometidos. La llamada cifra negra es muy elevada.
La seguridad es un elemento clave del desarrollo, la legitimidad y la democracia. Necesitamos más y mejores policías, es cierto, pero si no actuamos con estrategias innovadoras e incidimos en la reconstrucción del capital social, el tejido familiar y comunitario, el combate a la pobreza y la generación de oportunidades de bienestar para los sonorenses, sobre todos los jóvenes y los sectores más excluidos, la batalla estará perdida. Es tiempo de dejar atrás el paradigma basado en más insumos, que ha mostrado su ineficacia, para evolucionar a uno basado en la investigación y la inteligencia.
Ello implica diseñar nuevos paradigmas de seguridad pública con la participación de gobierno, empresarios, sociedad civil y ciudadanos. Los recientes programas Hermosillo Seguro y Escudo Ciudadano pueden ser una buena oportunidad, si realmente se trabaja de la mano con la sociedad.
