El reportaje publicado el pasado viernes en el periódico español El País se asemeja a una historia de terror. Su título: “Una prisión donde seguir vivo cuesta 6,000 dólares”, en referencia al sangriento motín del penal de Topo Chico, Monterrey, que ha provocado consternación a nivel nacional.
Relata el caso de Santiago, un joven de 20 años encarcelado por violencia intrafamiliar. Mientras esperaba juicio, fue sometido a una rigurosa observación por parte de los narcos que controlan dicha cárcel –dentadura, marca de zapatos, vestimenta- quienes llegaron a la conclusión de que se trataba de un sujeto con potencial para ser extorsionado. Le comunicaron a su familia que querían 50 mil pesos de cuota de ingreso para impedir que fuera asesinado al interior del penal. Su madre vendió sus pocas pertenencias y se endeudó para pagar ese dinero. Además le exigieron 2 mil pesos semanales por concepto de “protección” para su hijo. Santiago está entre los 49 reos asesinados en una confrontación entre dos grupos rivales. Toco este tema porque la crisis del sistema penitenciario es uno de los factores causales de los altos niveles de impunidad e inseguridad que prevalecen en el país.
De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2016 (IGI-MEX) elaborado por la Universidad de Las Américas Puebla, el personal penitenciario responsable de cuidar a los reclusos en los CERESOS estatales, es de apenas 20 policías por cada 100 reclusos; el promedio internacional es de 47 por cada 100. En México la sobrepoblación penitenciaria a nivel estatal es del 30% con respecto a la capacidad instalada. La sobrepoblación promedio de los centros penitenciarios en el mundo es de 17%. México duplica esa cifra. La cárcel de Topo Chico tenía una sobrepoblación de 35%.El IGI-MEX da cuenta de las dimensiones de la impunidad:
En México solamente se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos por lo que la cifra negra desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 93%. Los mexicanos señalan que las dos principales razones por las que no denuncian son pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad.
Del total de delitos consumados, solamente existe un 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual nos arroja una impunidad cercana al 95%.
El porcentaje de delitos sin castigo estaría en los márgenes del 99% en México. Es decir, menos del 1% de los delitos en México son sancionados.
El promedio nacional de magistrados y jueces, en el ámbito local, por cada 100 mil habitantes es de apenas 3.5. La media a nivel internacional es de 16. El rezago de impartidores de justicia es enorme en el caso de México y explica la baja capacidad de los poderes judiciales locales.
El porcentaje de homicidios registrados entre el número de homicidios cometidos en averiguaciones previas iniciadas ante ministerios públicos o fiscalías locales en México, es de 27.5%.
El porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia alcanza un promedio nacional de 35.7%.
El estudio recomienda invertir todos los recursos institucionales posibles para bajar los índices de impunidad, porque ésta alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia. Entre otras acciones, recomienda implementar un verdadero sistema de profesionalización de las instituciones de seguridad e impartición de justicia en el ámbito local, garantizar la autonomía política de la Fiscalía General de la República y las Fiscalías de Justicia estatales, revisar la autonomía de las comisiones estatales de Derechos Humanos frente al poder político, castigar severamente la corrupción en todos los ámbitos, fortalecer las fiscalías especializadas en delitos graves (secuestro, homicidios), impulsar políticas públicas de justicia cotidiana y, algo muy importante, promover iniciativas de gobierno abierto para que los ciudadanos puedan fiscalizar lo que hacen las autoridades de todos los niveles.
La impunidad nutre nuestros peores vicios. Nos convierte en una sociedad secuestrada por el miedo, merma la confianza en las instituciones, deteriora la imagen de México en el mundo y ahuyenta a potenciales inversionistas que buscan países donde el Estado de derecho sea garante de los derechos de propiedad y de la paz social.
Una cárcel dominada por narcotraficantes, un juez corrupto que libera a un secuestrador a cambio de dinero, un policía municipal a sueldo de una banda criminal, un funcionario que malversa recursos públicos sin que nada suceda, son el signo de lo que ya no queremos ni debemos tolerar. Son signos de un México que debemos dejar atrás para construir otro, regido por el imperio de la ley y la transparencia. De otra forma nuestra democracia estará mutilada y las perores noticias seguirán viniendo del futuro.
