El Acuerdo Antifalsificación (ACTA), que busca crear un marco internacional para combatir la piratería, no solamente podría afectar a los usuarios de Internet al penalizar el intercambio de contenidos digitales y violar su derecho a la privacidad sino que, además, podría tener impactos negativos en otros sectores, como el caso de la salud de millones de personas.
Sus promotores están discutiendo, también, el tema de la protección intelectual en la industria farmacéutica. El ACTA, al centrarse en la violación de los derechos de propiedad en general, da un tratamiento de “medicamente falsificados” a los medicamentos genéricos, restringiendo la competencia de éstos frente a las grandes marcas comerciales.
¿Pero qué hay detrás de todo esto? Déjenme ilustrarlo con un caso emblemático. Pfizer, la principal empresa farmacéutica mundial, con ventas por 67,000 millones de dólares el año pasado, tuvo que liberar en 2010 la patente del Lipitor, el medicamento más recetado para enfermedades cardiovasculares en el mundo, lo que le ha costado casi la cuarta parte de sus ingresos.Lipitor es fundamental para el control del colesterol -un padecimiento crónico que sufren 30 millones de mexicanos- y forma parte de las 10 marcas farmacéuticas más consumidas en nuestro país. Hoy, diversas empresas productoras de genéricos están explotando comercialmente la atorvastatina, la sustancia activa, con lo cual el precio del medicamento ha bajado de $1,086 a $369 pesos, beneficiando así a miles de pacientes.En México, los medicamentos genéricos se han convertido en el segmento más importante del mercado farmacéutico total. Hoy representan 6 de cada 10 unidades que se venden.La Secretaría de Salud acaba de anunciar que a partir de este año todos los medicamentos que entregará el sistema hospitalario público, que incluye al IMSS y el Issste, serán genéricos intercambiables.Las restricciones que impondría el ACTA a la producción de genéricos, al considerarlos “falsificaciones”, empobrecería más el mermado cuadro básico que ofrecen las instituciones públicas. Las obligaría a gastar más recursos para adquirir fármacos de patente y, sobre todo, cancelaría la posibilidad de que millones de personas de escasos recursos pudieran beneficiarse de los avances de la investigación científica que sólo pueden realizar, por su alto costo, las corporaciones trasnacionales.Hay que recordar que 2,000 millones de habitantes, un tercio de la población mundial, no puede acceder a los medicamentos que necesita. No podemos permitir que el modelo de negocios de las grandes multinacionales farmacéuticas se imponga sobre el derecho a la salud de un gran sector de la población. Estamos ante un dilema ético y humano con graves implicaciones.Es necesario que en este y otros temas relacionados con la definición final de los contenidos del ACTA se atiendan no sólo los criterios de los gobiernos y de las empresas dueñas de los derechos de propiedad de múltiples productos y servicios, sino también las voces de la sociedad civil y de los consumidores.De otra forma, el mundo que emergerá de la aplicación de este Acuerdo antipiratería, necesario, sí, por la dimensión y el riesgo que representan los mercados ilegales que son fuente de ganancias ilegítimas y de actividades delictivas, será mucho más injusto, excluyente y con menos espacios de libertad.La discusión del ACTA precisa de contrapesos sociales para que la competitividad y la prosperidad de las empresas vaya de la mano con los derechos a la salud, la tecnología, la información y el consumo de millones de personas.
