Nadie puede poner en duda la creciente influencia de las redes sociales. Empezaron como un fenómeno juvenil a finales de los años 90, para convertirse en un espacio social relevante a principios del nuevo siglo. En pocos años se convirtieron en la nueva “plaza pública” de la conversación social, que empezó a competir y desplazar a los medios de comunicación tradicionales, después extendió su influencia en temas comerciales para llegar a impactar también los temas políticos y, recientemente, hasta en los financieros (caso GameStop).

Las redes sociales en paralelo se convirtieron en prósperos y crecientes negocios que pronto lideraron el mercado mundial. Las “big tech” no solamente se convirtieron en empresas altamente rentables por su éxito en la captación de usuarios y clientes, también empezaron a tener comportamientos que atentaban contra la competencia: barreras de entrada, compra de competidores, reglas ventajosas y opacas, usos indebidos de la información de sus usuarios y clientes, y hasta asociaciones con gobiernos e iniciativas para el uso de información y supuestos planes de desinformación/manipulación y complots nacionales e internacionales.

En todo este contexto, el crecimiento exponencial de las redes sociales y su influencia ha sido acompañado de una discusión sobre su regulación. El debate se ha centrado en tres aspectos principales:

  • Libertad de expresión. ¿Hasta dónde debe dejarse libre la publicación y distribución de mensajes en las redes sociales? ¿Qué hacer ante los crecientes usos para promover mensajes de odio y de violencia? ¿Cómo proteger a los menos preparados para identificar fenómenos cada vez más sofisticados de manipulación? ¿Quién debe de regular en su caso y hasta dónde?
  • ¿Cómo proteger la información que proporcionan los usuarios y los clientes? ¿Hasta dónde se considera información privada? ¿Quién debe de garantizar el cuidado de los datos personales? ¿Cuáles son las sanciones que deberían de aplicarse?
  • ¿Hasta dónde debe de llegar la libertad de mercado de las grandes empresas tecnológicas? ¿Cómo garantizar la participación de las empresas menores, de los nuevos emprendimientos y de los emprendedores individuales? ¿Cómo evitar monopolios de parte de las empresas participantes en los mercados digitales nacionales y mundiales? ¿Qué tipo de regulación mínima debe de concertarse a nivel internacional?

Uno de los temas más críticos de este debate, que está empezando a tomar fuerza después de los hechos relacionados con ex presidente norteamericano Donald Trump y la incitación a sus seguidores para la toma del Capitolio que culminó con el cierre de sus cuentas sociales por parte de las empresas propietarias, es quién y cómo debe debatirse el tema de la regulación de las redes sociales: ¿Es el gobierno quién debe de debatir el tema, el legislativo, la sociedad, o debe de promoverse una auto-regulación de parte de las empresas tecnológicas?

Esto viene a colación por la reciente posición del presidente López Obrador en contra de cualquier tipo de regulación a las redes sociales, y su desacuerdo en que las empresas propietarias de las plataformas decidan sobre cancelar cuentas, como fue el caso del retiro de las cuentas al ex presidente Trump; y la iniciativa presentada hace unos días por el senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales en México.

El senador Monreal, del grupo parlamentario de Morena, propone resolver este complejo debate a través darle nuevas facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), para autorizar la operación de las empresas propietarias de las plataformas sociales para prestar sus servicios en nuestro país y, por lo tanto, queden bajo su tutela. Ello parece más una propuesta de censura, más que regulación u ordenamiento.

Además, en su iniciativa propone facultar al organismo para aplicar multas significativas si dan de baja sin sustento a usuarios. La base de la propuesta, dice el senador, es la defensa de la libertad de expresión, la protección de los datos personales y castigar los abusos de las empresas tecnológicas que violan los derechos de los usuarios.

Un tema interesante el que se plantea, sin duda, pero no puede ser limitado a una iniciativa de ley que sea discutida solamente entre legisladores. El tema debe ser un amplio debate que considere a todos los actores interesados y todos los condicionantes relacionados, desde principios básicos de la libertad hasta limitaciones legales nacionales e internacionales.

Ojalá que la “extraña” urgencia del senador Monreal por el tema, no provoque problemas mayores a un espacio libre que a todos nos ha permitido conocer, contactar, aprender, aportar y aprovechar las oportunidades de una aldea digital global. Ya veremos.

 

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