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Acaba de salir a la luz pública el Índice de Paz México 2018 (IPM) (http://indicedepazmexico.org), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), un think tank independiente, apartidista y sin fines de lucro dedicado a cambiar el enfoque mundial acerca de la paz para hacer de ella una medida positiva, factible y tangible del bienestar y el progreso humanos.

Para el IEP la paz es un concepto holístico, integral, que abarca muy diversos aspectos como el funcionamiento de las instituciones gubernamentales; la calidad del entorno empresarial y el desempeño de la economía; la percepción de corrupción; la calidad de vida de la población; las relaciones vecinales que derivan en capital social; el respeto a los derechos de los demás. 59_INFOGRAFIA_Giro a la seguridad en Sonora copy

Los datos del IPM son inquietantes. Tras dos años de una escalada de violencia, la tasa de homicidios en México alcanzó en 2017 niveles máximos históricos: más de 29,000 víctimas. Este nivel de violencia sobrepasa el punto álgido observado en 2011. 28 de las 32 entidades del país reportan tasas crecientes de delitos cometidos con armas de fuego. 7 de los 32 estados mejoraron su nivel de paz en 2017, en tanto que en 25 estados dicho nivel se deterioró. Y las cifras de los primeros meses de este año, anticipan un peor escenario.

Y esto me remite a lo que dijo a Peña Nieto en noviembre de 2017 la activista María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, una organización civil enfocada a temas de seguridad pública, “Los índices de violencia y masacres en México han alcanzado proporciones bélicas…la violencia que vivimos ya no es temporal ni regional, es endémica y de alcance nacional”.

A continuación, algunos hallazgos del IPM: nuevamente Yucatán fue el estado más pacífico, seguido por Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas. Baja California Sur se clasificó como el estado menos pacífico de México, seguido por Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas.

México gasta 1% de su PIB en seguridad interna y en su sistema judicial. Esta cifra representa sólo 60% del promedio de los países de la OCDE. Esta puede ser una de las explicaciones de nuestra situación y una alternativa para empezar a mejorar.

El estudio también identifica un empeoramiento en el funcionamiento del gobierno, el combate a la corrupción y el libre flujo de información, lo que habla de una crónica debilidad institucional que propicia el incremento de la delincuencia organizada.

El IPM reporta que el porcentaje de mexicanos que en 2017 dijeron tener un alto nivel de confianza en las instituciones de seguridad pública disminuyó a 18%, su nivel más bajo desde 2012. 64% de los mexicanos consideran que las instituciones de seguridad pública son corruptas.

Sonora ocupa la posición 14 del ranking nacional del IPM (en 2016 tuvo el lugar 20). Sin dejar de reconocer el mérito del avance logrado, es un sitio que no se justifica para un estado con tan alto nivel de desarrollo económico y social; algo está fallando. La violencia en Sonora tuvo en 2017 un costo económico de 102,600 millones de pesos, equivalentes al 18% del PIB estatal. Sonora es menos pacífico que Puebla o Veracruz, el primero sumido en la violencia de los huachicoleros; el segundo encabezado por un gobierno rebasado por los grupos criminales.

Hace unos días presentaron su renuncia Adolfo García Morales y Rodolfo Montes de Oca, a la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado, respectivamente. Y ahora el Congreso sonorense –con el voto mayoritario de Morena y sus aliados- ha solicitado la intervención de la Federación para implementar acciones de seguridad interior en Sonora, el argumento fundamental es que están superadas las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atender la seguridad.

Cederle a la Federación el control de la seguridad, que ha demostrado incapacidad para resolver la situación nacional, es una propuesta muy discutible y por lo menos no sustentable.

El grave desafío de inseguridad que enfrenta Sonora, exige la coordinación de todos los actores políticos. Ha llegado la hora de impulsar un Acuerdo por la Paz y la Seguridad en Sonora entre todos, gobierno, partidos políticos, empresarios, sociedad civil organizada para crear una agenda compartida. Hay que evitar la polarización y la confrontación a toda costa. De nada sirve la politización de la seguridad y la justicia, pero si puede llevarnos a estadíos más graves.

Quedó atrás la campaña y con ella la lucha por el poder. Sonora tiene hoy un gobierno dividido donde Ejecutivo y Legislativo pertenecen a distintas opciones partidistas. Así fue el mandato de los sonorenses, y ése es el marco en el que deben moverse la negociación y los consensos.

La violencia es un fenómeno complejo y multifactorial que requiere de la suma de todas las visiones. Es la hora de demostrar que, más allá de banderas partidistas, los actores políticos pueden ser generosos y poner por delante el interés superior de Sonora y de su gente. Es la hora de la unidad.

 

 

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