enero-16

Seguimos inmersos en el debate público sobre el impacto del alza al precio de las gasolinas. Hay voces que reclaman retornar al inviable sistema de subsidios gubernamentales a los combustibles; otras advierten que se pudo haber optado por un esquema de incrementos graduales que evitaran la ola de descontento social que observamos a inicios de este año; otras le echan en cara al gobierno que la medida resulta francamente insuficiente para mejorar la situación de las finanzas públicas, si no se corrige el dispendio en el presupuesto y los altos niveles de corrupción.

Si alguna duda cabía sobre la impopularidad de la medida, una encuesta telefónica de Ulises Beltrán y Asociados, aplicada entre el 4 y 5 de enero, mostró que 70% de la población se siente muy enojada por el alza a gasolinas; 95% la califica como una mala medida; 78% considera que le ha afectado mucho.

Al preguntar a los entrevistados por qué creen que aumentó el precio de la gasolina, 4 de cada 10 responde que es debido a la corrupción”, “para seguir robando”, “para sacarle más dinero a la gente”, “para mantener privilegios gubernamentales” o “para darle más dinero a los diputados y los partidos políticos”. Seis de cada 10 considera que “es falso que el alza se deba al incremento del precio internacional de este combustible”, en abierto rechazo a una de las argumentaciones centrales de la propaganda oficial. Recordemos: en lo público, percepción es realidad.

83% expresó su decisión de no votar por el PRI. Los ciudadanos identifican con claridad un responsable, y ello permite pronosticar que habrá un alto costo político-electoral para el gobierno y su partido.

La decisión de liberar los precios de los combustibles llegó en un mal momento, porque el Presidente no tenía suficiente capital político (ése que permite tomar decisiones impopulares). La aprobación a Peña Nieto en la mayoría de las encuestas no rebasa 25%. Se trata del índice más bajo para un Presidente desde que se inició la publicación de encuestas similares en 1995, justo después de la gran crisis provocada por el “error de diciembre de 1994” que colapsó la economía y provocó un importante incremento de la pobreza.

El gobierno federal, presionado por los hechos, armó al vapor un Acuerdo Nacional para fortalecer la economía y proteger el bienestar de las familias que a nadie convenció. Se trató de un montaje publicitario para exhibir una supuesta “unidad nacional”, mientras la opinión pública, los partidos de oposición y sindicatos empresariales de la importancia de la Coparmex, siguen haciendo pedazos al Presidente.

Estamos frente a una marcada crisis de liderazgo de la institución presidencial. No es una buena noticia en un sistema donde el Jefe del Ejecutivo federal marca las pautas de la política pública, genera cohesión social, espacios de gobernabilidad, y transmite certeza para el quehacer de todos los sectores. A nadie conviene un presidente débil, porque los vacíos que deja son ocupados inmediatamente por la especulación o las propuestas fáciles e irresponsables.

A ello se suman los riesgos provenientes de las amenazas de Trump. En su primera conferencia como presidente electo, reiteró su agenda contra México: retirar inversiones, derogar el Tratado de Libre Comercio, construir el muro fronterizo con cargo a nuestro país, realizar deportaciones masivas. Fueron sus compromisos de campaña, va con todo para cumplirle a sus electores. Quienes aguardaban un gesto de moderación del magnate, deben irse despidiendo de toda esperanza.

Sí, es hora de la unidad nacional, pero no con escenografías desde la cúpula del poder, sino sobre la base de un proyecto estratégico que nos permita reconstruir la confianza en el Presidente y las instituciones; rehacer el gobierno, en todos los niveles, sobre bases de eficacia del gasto, austeridad, transparencia y combate efectivo a la corrupción; obligar a la partidocracia a dejar de lado sus intereses y solidarizarse con los ciudadanos; fortalecer el mercado interno a partir de una política de mejoramiento de los salarios y de incentivos a la inversión de empresas mexicanas, y promover la participación de la sociedad civil en las políticas públicas.

Las crisis no son únicamente eventos traumáticos, zonas de riesgo, son una oportunidad para implementar cambios de fondo. Unamos voluntades, TODOS: gobiernos, partidos, empresarios, instituciones académicas, líderes públicos, ciudadanos, para que esto suceda. Hagámoslo por México.

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