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Veo un video en Youtube. Dos hombres suben a un transporte público en la Ciudad de México. Una vez éste se pone en marcha, uno de ellos saca un arma y amenaza a los pasajeros mientras el otro despoja de sus pertenencias –celulares, relojes, dinero, todo tipo de objetos de valor– a los indefensos usuarios que miran hacia el piso, humillados, sometidos por el miedo a ser lastimados o perder lo irrecuperable, la vida. Una vez cometido el delito, los criminales descienden y se pierden entre las calles. Hablo de la capital de la República, pero se trata de una imagen que se replica a diario en muchas partes del país.

Los ladrones volverán, incluso a la misma ruta, porque saben que la posibilidad de ser castigados es prácticamente nula. Mientras tanto, ninguna de las víctimas se atreverá a levantar una denuncia ante el Ministerio Público, porque saben que habrán de enfrentarse a una maraña de trámites, a burócratas que no tienen ninguna voluntad o siquiera recursos para investigar el hecho ni, mucho menos, para llevar a los transgresores ante la justicia. De ahí que la “cifra negra”, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa, fue de 94% a nivel nacional durante 2015.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, 42% de los hogares del primer decil de ingresos, es decir los más pobres, tienen un celular. Haber adquirido ese teléfono móvil que les fue robado –y que utilizan muchos de los mexicanos pertenecientes a este segmento, no sólo para comunicarse con sus seres queridos, sino incluso para ofrecer sus servicios como plomeros, albañiles, trabajadores domésticos– significó para ellos un enorme sacrificio económico. Recuperar ese aparato con un ingreso promedio de 7,700 pesos trimestrales estará fuera del alcance de muchos, sobre todo cuando el gasto en alimentación absorbe aproximadamente el 50% de todo lo que ganan.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 del INEGI, estudio que utilizo como referencia para estas reflexiones, estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo con 33% y la desconfianza en la autoridad con 17%. En 2015 –señala la ENVIPE– se cometieron 29.3 millones de delitos, donde el robo en la calle y en transporte público ocupó el primer lugar, algo que le da sentido a la crónica con la que abrí esta colaboración, queridos lectores.

El costo total de la inseguridad y el delito representó en 2015 un monto de casi 237 mil millones de pesos, es decir, 1.25% del PIB. El gasto de los hogares en medidas para protegerse de la delincuencia en 2015–-cambiar o colocar cerraduras y/o candados, cambiar puertas o ventanas y colocar rejas o bardas– tuvo un incremento de casi 18% respecto a 2014. Se trata de recursos que pudieron tener un mejor destino: consultar a un doctor para atender un viejo y constante dolor, invertir en la educación de los hijos, construir el cuarto que tanta falta hace para disminuir el hacinamiento, comprar un refrigerador, una lavadora, etcétera.

La percepción de inseguridad de la población al momento del levantamiento de la Encuesta (marzo-abril 2016), se ubicó en 72.4%. Los mexicanos tienen miedo de salir al espacio público, no tienen certeza de que el Estado, sus instituciones y leyes, protegerán su integridad personal y sus bienes.

A Sonora no le va bien en la ENVIPE. La incidencia delictiva (tasa de delitos por cada 100,000 habitantes), creció 53.4% entre 2014 y 2015, la más alta entre todas las entidades federativas del país. Y este no es un problema sólo de las autoridades, sino de todos los sonorenses. ¿Qué estamos esperando para reaccionar?

De acuerdo con el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, México se ubica en el lugar número 135 entre 140 naciones estudiadas en lo que respecta al costo para los negocios de la criminalidad y la violencia. La inseguridad no sólo mina recursos para el bienestar de la población y profundiza la vulnerabilidad social de los que menos tienen; también nos despoja de la posibilidad de atraer inversiones y generar los empleos y oportunidades que tanto anhelan los mexicanos.

La seguridad, la protección efectiva de los ciudadanos contra el delito y el crimen, es no sólo la obligación primaria del Estado. Es fuente de desarrollo económico y social, de prosperidad, de consenso ciudadano, de bono democrático. Su ausencia se castiga severamente en las urnas. Es un tema prioritario de la agenda nacional, estatal y municipal. Es tiempo de generar un gran pacto por la paz y la seguridad.

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