Diversidad sexual y oportunismo

La reforma al artículo 4to. constitucional, es un tema de sociedad, que debe ser ampliamente discutido, con tiempo y apertura, más allá de los espacios legislativos.
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Las sociedades, todas, viven en una permanente tensión en lo que toca al reconocimiento del otro, del distinto, del que no profesa la misma religión, del que no habla la misma lengua o cultiva la misma cultura y costumbres, del que no tiene el mismo color de piel, o cuyas características físicas lo diferencian del común de la población.

Esa cultura de la intolerancia está en la base de hechos históricos denigrantes como los crímenes del colonialismo europeo en África, el esclavismo en los Estados Unidos del siglo XIX, el apartheid sudafricano, el exterminio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, el sangriento conflicto de los Balcanes entre 1991 y 1995, la ola de violencia que han desatado los partidarios del Islam fundamentalista en contra de los “infieles” occidentales.

Esa percepción, ese imaginario político y social, ha abierto paso a actitudes francamente condenables que persisten hasta nuestros días y que tienden a subvalorar e incluso excluir a las personas con discapacidad, los indígenas y los afrodescendientes, los viejos y los migrantes. Nutre, también, fenómenos como el machismo y su resistencia a reconocer la participación plena de la mujer en los asuntos públicos.

La diversidad sexual es, hoy, un hecho. Pero, ¿cómo se está asumiendo a nivel global este nuevo entorno de pluralidad sexual? Actualmente, hay 26 países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está reconocido por las leyes.

En este marco, llama la atención la iniciativa de ley que envió recientemente al Congreso el presidente Peña Nieto para otorgar pleno reconocimiento legal a estas uniones y permitirle a las parejas gay, incluso, la adopción. La propuesta se ha topado, de inmediato, con el abierto rechazo de grupos religiosos y la simpatía de las izquierdas.

Estamos frente a una iniciativa muy polarizante, porque la sociedad mexicana sigue siendo fuertemente conservadora. De acuerdo con una encuesta de Consulta Mitofsky, 51% de los mexicanos está de acuerdo con que una pareja homosexual debe tener los mismos derechos que una pareja hombre-mujer, pero 40% lo rechaza; 48% está a favor de los matrimonios gay, pero 43% está en contra; el 43% acepta la adopción de hijos por matrimonios del mismo sexo, pero 48% se opone.

Desde la perspectiva de la construcción de una auténtica democracia, un sistema que abriga toda la diversidad política, social y cultural, el nuevo marco legal que Peña Nieto propone al Congreso no deja de ser plausible. Pero también lo es el hecho de que dichos ordenamientos antes deben de ser ampliamente discutidos, con tiempo y apertura, más allá de los espacios legislativos. Son temas de la sociedad.

Sin embargo, aquí comienzan las preguntas. ¿Por qué ahora? ¿No estaremos simplemente ante un distractor ante el empantanamiento de las leyes anticorrupción en el Congreso, donde el PRI y sus aliados son los principales responsables de la parálisis legislativa? ¿En este momento preciso de la coyuntura política, cuando estamos a unas semanas de los estratégicos comicios del 5 de junio? ¿No habrá un cálculo político para ganarse al electorado joven que, según las encuestas, es el más tolerante a los matrimonios gay?

México ha cambiado, su sociedad ha sufrido grandes mutaciones. Ello debemos de reconocerlo y asumirlo, con responsabilidad, apertura y con base a un amplio debate donde todos estén incluídos.

Peña Nieto está poniendo en la agenda política una auténtica “bomba legislativa” que dará paso a un discusión intensa. Todos esperamos que sea, efectivamente, por una auténtica convicción democrática y no por un simple cálculo electoral. Eso tendría un nombre: oportunismo.

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