Invertir en justicia
La Encuesta Nacional 2016 del Gabinete de Comunicación Estratégica, un ejercicio profundo y serio de medición de la opinión pública que se realiza anualmente desde 2007, consigna que el gobierno del estado de Sonora es el segundo mejor calificado del país con el 70% de aprobación de sus habitantes, y el primero en materia de confianza. Son resultados importantes en un país donde existe un extendido estado de malhumor social y desconfianza generalizada hacia lo público.
El mismo estudio también establece que los principales retos del ejecutivo estatal y de los sonorenses están en mejorar la seguridad y combatir la corrupción y la impunidad. El 44% de los sonorenses señala que la seguridad es su principal preocupación.
Por ello, vale la pena destacar el reciente anuncio de la implementación del denominado C5i, un moderno centro de control, comando, comunicación, cómputo, coordinación e inteligencia, que sumará a la capacidad ya instalada la operación de 2,996 cámaras de alta definición para cuidar las calles, escuelas y lugares de mayor riesgo; 25 mil botones de seguridad ciudadana y el apoyo y coordinación con los 35 municipios más poblados, que garatizan una cobertura muy amplia de las áreas de riesgo en el estado. Una buena noticia sin lugar a dudas.
Ello habla de que el gobierno de Claudia Pavlovich está entendiendo que la seguridad, la preservación de la vida y los bienes de los ciudadanos, representa su principal desafío.
Sin embargo, hay retos importantes todavía que atender. El Índice Global de Impunidad 2016 (IGI), que elabora la Universidad de Las Américas, Puebla, señala que “la existencia generalizada de impunidad crea incentivos perversos en el sistema, ya que el delito cometido queda sin denuncia, investigación o castigo. La impunidad provoca que violar la ley se convierta en un acto socialmente aceptado”.
En dicho índice, Sonora obtiene un puntaje de 58.41 en el IGI, que lo ubica en el segmento de entidades con grado medio de impunidad. El reto que nos debemos imponer los sonorenses es abatir la impunidad, lo que significa dotar a un ciudadano que es víctima de un delito de mecanismos expeditos, accesibles y transparentes para denunciar el hecho a las autoridades, lograr que se ponga en marcha una investigación y conseguir que los responsables reciban y cumplan una condena.
Entre las recomendaciones del citado estudio para abatir la impunidad, se encuentra el fortalecer las instituciones locales de seguridad y justicia, mejorar sus capacidades y profesionalizar a sus integrantes.
Es un tema de contar con sistemas de procuración e impartición de justicia que respondan al tamaño del desafío. Y es aquí donde Sonora tiene claras áreas de oportunidad. De acuerdo con el IGI, esta entidad federativa enfrenta un crónico rezago institucional.
Tenemos 0.12 peritos del Ministerio Público (MP) por cada 100 mil habitantes, el promedio nacional es de 1.73. Y los peritos son un soporte vital del sistema de procuración de justicia, porque son los responsables de integrar la información científica indispensable para cualquier investigación. Además existen 2.9 Agentes del MP por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio nacional es de 7.6.
Se observa un debilitamiento en la capacidad financiera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora (PGJESON). Para darnos una idea, Baja California, con 20% más de población que Sonora, cuenta con un presupuesto 60% superior.
En tanto, la PGJESON enfrenta fuertes presiones de gasto adicional derivadas de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y su transformación, de acuerdo a la reforma constitucional recién aprobada por el Congreso del Estado, en Fiscalía General de Justicia.
Sé muy bien que en el marco de las fuertes restricciones presupuestales que estamos enfrentando los recursos son escasos; pero creo que si de verdad queremos un estado más seguro, tenemos que invertirle al fortalecimiento del andamiaje institucional, donde la Procuraduría es un elemento central de todo el engranaje.
La seguridad es desarrollo, es prosperidad, es certeza ciudadana, es bono democrático, es gobernabilidad. Y para los sonorenses es claramente una prioridad.
