Calidad del gobierno: eficacia y transparencia
La calidad del gobierno es un factor fundamental para resolver algunos de los problemas que más preocupan a la ciudadanía: la escasez de empleo, el desarrollo económico y social, los servicios públicos, la seguridad, la legalidad y la vigencia del Estado de derecho. Desafortunadamente, en México tenemos una experiencia histórica abundante en administraciones deficientes, que explican el elevado nivel de malestar social, la pésima calificación de la población hacia las autoridades, un creciente desencanto respecto a la democracia y una preocupante tentación por las soluciones fáciles e irresponsables.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 del INEGI, que se publica por tercer año consecutivo, ofrece un corte de caja, una fotografía elocuente del pensamiento ciudadano sobre de la gestión de las autoridades.
De acuerdo con dicha encuesta, sólo cuatro de cada 10 mexicanos –en promedio– están satisfechos con la operación de los servicios públicos básicos (agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines, recolección de basura, policía, calles y avenidas, carreteras y caminos sin cuota), así como de los servicios públicos bajo demanda (educación pública obligatoria y universitaria, servicios de salud, energía eléctrica y transporte público).
En contraste, tres de cada cuatro dijeron sentirse satisfechos con respecto a la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, situación que evidencia los avances conseguidos en la construcción de gobiernos digitales, que le permiten al ciudadano resolver asuntos administrativos a través de Internet, vertiente que parecen haber dejado de lado los gobiernos estatales y municipales.
La corrupción figura en segundo lugar entre los problemas que más preocupan a los mexicanos (con 51%), sólo detrás del rubro inseguridad y delincuencia, que alcanzó 66%.
Por tipo de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, el de mayor porcentaje en experiencias de corrupción fue el contacto con autoridades de seguridad pública, que registró 55.2%, seguido por la realización de trámites ante el Ministerio Público, con 23.7%.
Los datos de la encuesta también aparecen desagregados por entidad federativa. En materia de prevalencia de la corrupción (víctimas de la corrupción por cada 100 mil habitantes), Sonora ocupa el lugar 10 con 14,097 casos, por arriba del promedio nacional, que es de 12,590 sobre 100 mil.
En cuanto a la incidencia de la corrupción (actos de corrupción por cada 100 mil habitantes), la entidad ocupa el cuarto lugar, con 33,256 actos, por encima de la cifra promedio nacional, que es de 30,097.
El estudio –según lo expone el INEGI– se sustenta en la lógica empresarial desatisfacción al cliente, que busca permear el quehacer de las instituciones gubernamentales para hacerlas más eficaces, transparentes y socialmente rentables. Más allá de sus ventajas y limitaciones, el enfoque de la investigación citada nos habla de mexicanos que exigen más de sus líderes públicos, gobiernos, congresos y partidos políticos.
En las dos décadas recientes el país se ha enriquecido con una enorme variedad de estudios demoscópicos cada vez más especializados sobre distintos temas de la agenda pública: desempeño gubernamental, cultura cívica, valores sociales, confianza en las instituciones, transparencia, seguridad y preferencias político-electorales, entre otros.
Más allá de sus aspectos metodológicos, siempre perfectibles, estos sondeos revelan el rostro de una sociedad en constante mutación, una sociedad cada vez más exigente que anhela resultados concretos de quienes están al frente de la cosa pública. Sin embargo, al gobierno y la partidocracia sólo parecen interesarles aquellas variables que tienen que ver con la popularidad, con su rédito político y con la competencia por el poder.
Es preciso que entremos a otra lógica, a una nueva lectura de lo que los ciudadanos piensan y sienten, y hacer de los estudios de opinión un insumo básico para dar respuestas concretas a las demandas y preocupaciones de la población.
De ahí destaca la posición de la gobernadora Claudia Pavlovich, quien con valor y sentido de oportunidad propuso, buscó y logró presidir la nueva Comisión de Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).
Erradicar la opacidad, gobernar en “caja de cristal” frente a los ojos de los ciudadanos, es un requisito de gobernabilidad democrática. Sonora puede asumir el liderazgo en este tema, si todos entendemos que esa es la ruta más idónea para construir un mejor estado.
