El Presidente del Senado, Luis Miguel Barbosa, fue demoledor: “La reforma política no ha funcionado. Las autoridades no supieron aplicar la norma; hemos visto los mismos vicios como rebase a los topes de gastos de campaña, dinero privado en las campañas, señalamiento de manejo de recursos públicos de programas federales y locales”. La reforma no logró su propósito central que era asegurar mayor equidad y legalidad en los procesos electorales.
Desafortunadamente, le asiste toda la razón. No sólo falló el rediseño institucional por la sobrecarga de atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que se convirtió en un organismo más complejo, costoso y burocrático, sino que también no logró obligar a la partidocracia a actuar con mayor transparencia y respeto a la legalidad. Bajo este escenario, llegaremos al 7 de junio con unos comicios escasamente concurridos (con una participación por debajo del 45% según algunos pronósticos), y que, seguramente, arrojarán resultados poco confiables.
La responsabilidad es de todos, no sólo del Partido Verde, que ha abusado de las inconsistencias de la legislación para ganar terreno en las preferencias electorales. Utilizando los criterios que llevaron a imponerle a ese partido multas millonarias, también el PRI debió haber sido sancionado por utilizar los logros del gobierno federal en su propaganda política; ¿y qué decir de Morena y López Obrador, que siendo el único candidato presidencial visible para el 2018, está inmerso en una frenética campaña anticipada? ¿Y del PRD, que utiliza en sus spots los resultados sociales en la Ciudad de México?
El INE ha exhibido inconsistencias. Como lo destacaron algunos medios esta semana. Es inverosímil que a tan sólo dos semanas para que concluyan las campañas, aún se debata qué regla se aplicará a los candidatos independientes en la obtención de recursos privados para sus actividades proselitistas.
Sí, se puede argumentar que muchos de los problemas son atribuibles al tiempo que se requiere para que el INE se pueda adaptar a un nuevo marco jurídico que resulta complicado. Pero lo cierto es que también ha quedado a deber la alta burocracia electoral, sobre todo los consejeros y su Presidente. Estamos en nuestro derecho de pedirles cuentas, de exigirles visión y responsabilidad en la delicada misión de vigilar y garantizar que la conformación de los poderes públicos se lleve a cabo bajo las reglas y valores de la democracia y a favor de los intereses de la ciudadanía.
El INE nació secuestrado por la partidocracia. De ser una de las instituciones con mayor legitimidad social en los años noventa, hoy 60% de los mexicanos confía poco o nada en el INE. Lorenzo Córdova no es José Woldenberg. A éste le tocó presidir el instituto en una etapa de intensos cambios políticos (1997-2003) que condujeron a la alternancia en el año 2000, y donde se impusieron fortísimas multas al PRI y al PAN por los casos Pemexgate y Amigos de Fox.
Lorenzo Córdova es, sin duda, un brillante jurista, un hombre inteligente, un intelectual carismático y mediático, pero está a la vista que estos atributos no bastan para conducir al INE. Tripular al organismo en tiempos convulsos requiere liderazgo, visión estratégica, autoridad política, voluntad para actuar en contra de poderes fácticos. No cuenta con estos atributos. Ha sido activo promotor de las multas contra el Verde, respondiendo a una corriente mayoritaria de la opinión pública, pero le ha faltado decisión para actuar contra el conjunto de la partidocracia. ¿Temor?, ¿cálculo político?, ¿el interés y los privilegios personales sobre el interés público?
Hoy, el Consejero Presidente del INE ha sido tocado, en su estructura ética más íntima por conversaciones telefónicas, obtenidas ilegalmente, que revelan comentarios peyorativos y racistas con respecto a un dirigente indígena. La grabación, no hay que buscarle mucho, proviene de los aparatos de inteligencia del Estado mexicano y tiene un beneficiario directo: el Partido Verde. Se trata de un aviso para que “le baje”. A ello se suma la sospecha de la cercanía de Córdova con Morena y López Obrador, lo que explicaría –según analistas- la tolerancia hacia los excesos del tabasqueño y su franquicia política personal.
En un contexto donde se disputa la hegemonía de la Cámara de Diputados, el control de nueve gubernaturas, cientos de cargos políticos locales, lo que menos queremos los mexicanos es una autoridad electoral inoperante, paralizada, capturada por la partidocracia y por conflictos de interés, desprestigiada y carente de legitimidad social.
¡Qué desafío para nuestra todavía incipiente democracia!
