El proceso electoral del 7 de junio constituye un magnífico pretexto para analizar el papel que juegan los medios de comunicación en el acceso a información política y en las intenciones de voto.
De acuerdo a los resultados del estudio denominado Proyecto Comparativo de Elecciones Nacionales, presentados por el investigador del ITAM Alejandro Moreno (Este País, abril 2015), también responsable de las encuestas del periódico Reforma, en los comicios presidenciales de 2012 más de 90% afirmó enterarse de éstos a través de la TV, 40% usó la radio, 45% los periódicos y 19% Internet.
En la elección de 2006, apenas 6% utilizó Internet, lo que habla de un crecimiento explosivo (300%), sobre todo de las redes sociales como instrumento de información y formación política.
¿Dónde nos encontramos en el momento actual? La televisión –de acuerdo con una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE)- sigue siendo el medio predilecto: 50% de la población se entera de los acontecimientos nacionales, del debate político y las campañas electorales.
Sin embargo, destaca la creciente pérdida de confianza social en este medio: solamente 24% le cree más a la TV.
Contadas excepciones, los vicios de la comercialización, la mercantilización de los espacios, el sesgo partidista y progubernamental, la frivolidad o el franco desdén en el tratamiento de los grandes asuntos nacionales, la dramatización de la noticia como “espectáculo”, la lógica del escándalo político sobre la veracidad y el análisis objetivo, han provocado el distanciamiento de un creciente segmento de la población de la televisión que se ha convertido en portavoz y aliada del poder.
Las estadísticas hablan de un tránsito de los medios tradicionales hacia los medios digitales. Es todavía pequeño por una razón estructural: en México, sólo 30.7% de los hogares tienen acceso a Internet y 35.8% cuenta con computadora, cifras que son superadas por varios países latinoamericanos y que ubican al país entre los últimos lugares de la OCDE.
A causa de su bajo nivel de ingresos, millones de hogares mexicanos no pueden adquirir una computadora (tan sólo una ensamblada, no de marca, con las características técnicas mínimas, cuesta en promedio 6,000 pesos), mientras que los precios de conexión a servicios de banda ancha siguen siendo francamente caros y malos.
Efectivamente la mayor competencia entre los principales proveedores (Telmex, Izzi, Axtel y Totalplay) ha presionado hacia abajo las tarifas de conexión, pero éstas se han asentado en una franja promedio que no baja de los 400 pesos mensuales por velocidades de 6 a 10 Mbps, muy por debajo de los estándares internacionales recomendados para una navegación expedita y el cabal aprovechamiento de los contenidos y servicios que ofrece la Web.
La Reforma de Telecomunicaciones incidió efectivamente en la mejora de los servicios de telefonía celular (eliminación de la larga distancia, portabilidad, planes tarifarios más generosos), pero ha incumplido una de sus promesas fundamentales: democratizar con infraestructura pública el acceso a Internet. Parece que el Estado ha renunciado a este objetivo estratégico para el futuro del país. De acuerdo con Cisco, el mercado de Internet en México puede llegar a los 200,000 millones de dólares en los próximos 10 años.
En medio de una crisis de credibilidad y confianza de la televisión privada, dominada por grandes consorcios incapaces de comprometerse con la difusión de la cultura, la educación, el conocimiento y la reflexión de los grandes asuntos colectivos, y de una marcada transición hacia los medios digitales como eje de la información y la formación de valores y expectativas políticas, es fundamental garantizar el acceso a Internet de todos, sin restricciones, sin cortapisas. Se trata de abrir las puertas al ejercicio de una auténtica ciudadanía digital.
De acuerdo con el estudio Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos de IAB México y Milward Brown, 88% de los internautas utiliza las redes sociales. Ahí, en Facebook, en Twitter, en los espacios virtuales de debate, en los blogs construidos por ciudadanos, desde la sociedad civil, hay una enorme posibilidad de reflexionar sobre la calidad de los candidatos que aspiran a gobernarnos de cara a los próximos comicios locales y federales. Ahí está la opinión de los ciudadanos, como tú y como yo, algunas veces interrumpida torpemente por boots o trolles pagados desde el poder.
Es la tecnología como agente de cambio, es un territorio de todos que rebasa cualquier valor o interés económico. Es nuestra decisión de apropiarnos de los medios para informarnos, comunicarnos y participar con base a los intereses de los ciudadanos y no de los grupos de poder.
